En esta publicación explicamos diferentes casos en países como Guatemala, Nigeria o España. Los estados deben asumir su rol de velar por el interés general frente a los intereses privados de las empresas: proteger el medio ambiente y los recursos naturales, garantizar la participación informada de las comunidades en las decisiones que afectan a su entorno y los bienes naturales, y asegurar el respeto y la protección de los Derechos Humanos.