Justicia Económica
Un sistema económico justo y sostenible debe proteger la salud y los medios de vida de las personas y nuestro medio ambiente.
Sin embargo, nuestro sistema político y económico pone los intereses corporativos por delante de las personas y el planeta, ya sea a través de acuerdos comerciales y de inversión, cadenas de suministro globales o poder de lobby.
Nuestro sistema económico otorga enormes poderes a las corporaciones transnacionales que destruyen el medio ambiente y violan los derechos humanos, particularmente en las comunidades del Sur Global.
Exigimos que la UE y la comunidad internacional obliguen a las empresas a rendir cuentas por el daño que causan en todo el mundo.
Por eso desde Amigas de la Tierra, a través de nuestra federación y otras entidades aliadas apoyamos a las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos, en muchas ocasiones amenazadas y criminalizadas. Defender la tierra y nuestros derechos no es ni debería ser un delito, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo.
Un modelo económico voraz e impune
El modelo económico actual choca frontalmente con los límites de nuestro planeta, con la cada vez más exacerbada competición por el uso del suelo y del agua, las empresas buscan nuevas oportunidades, entrando en conflicto con los intereses de las comunidades locales.
Esta situación origina todo tipo de abusos por parte de empresas: entran en zonas sin el consentimiento de sus comunidades, acaparando sus tierras y quitándoles su sustento, provocan graves contaminaciones de ríos, aire y suelo. Y si existe resistencia, se ejerce represión y violencia, llegando en ocasión a graves atropellos de los derechos humanos. Por si fuera poco, las empresas transnacionales están adquiriendo un poder desmesurado en instancias políticas a todos los niveles, como por ejemplo en Naciones Unidas, donde tienen una gran influencia en la negociación de acuerdos internacionales.
El caso de Shell en Nigeria es solo un ejemplo de la impunidad con la que actúan las grandes empresas en países donde las normativas estatales e internacionales les permiten atacar los derechos humanos y ambientales sin ningún tipo de consecuencia.
Vivimos en un mundo basado en una economía voraz, a nadie se le escapa. Un mundo hecho para las élites. Pero no tiene por qué ser así, por eso abogamos por una reducción drástica del uso de los recursos naturales y su reparto equitativo entre todas las personas del mundo, luchamos por el fin de la impunidad de los actores económicos, nos oponemos frontalmente a los tratados de libre comercio y fomentamos prácticas justas y respetuosas con el medio ambiente. En definitiva, avanzamos hacia la justicia económica.