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Justicia económica

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Vivimos en un planeta finito, donde nuestros recursos naturales marcan nuestro sustento de vida. Sin embargo pocas veces nos paramos a pensar en los límites de nuestro planeta, en gran parte por un modelo económico que opera como si no existiesen, promocionando un crecimiento sin fin y un consumo desbocado, como si contásemos con recursos ilimitados. El modelo actual no entiende de personas, no entiende de medio ambiente, solo entiende de beneficios para unos pocos, desvinculando el modelo económico de los impactos sociales y ambientales que ocasiona su propia maquinaria. La economía impacta irremediablemente sobre la gente y sobre sus modos de vida, y es impensable trazar una franja entre economía y sociedad.

Uno de los actores fundamentales de esta situación es el conjunto de empresas cuyo negocio es precisamente la extracción y explotación de todo tipo de recursos naturales. Con la creciente escasez y a la vez mayor demanda de minerales y combustibles fósiles y, por otra parte, la cada vez más exacerbada competición por el uso del suelo y del agua, las empresas buscan nuevas oportunidades, entrando en conflicto con los intereses de las comunidades locales.

 

Violaciones de derechos

Esta situación origina todo tipo de abusos por parte de empresas: entran en zonas sin el consentimiento de sus comunidades, acaparando sus tierras y quitándoles su sustento, provocan graves contaminaciones de ríos, aire y suelo. Y si existe resistencia, se ejerce represión y violencia, llegando en ocasión a graves atropellos de los derechos humanos. Por si fuera poco, las empresas transnacionales están adquiriendo un poder desmesurado en instancias políticas a todos los niveles, como por ejemplo en Naciones Unidas, donde tienen una gran influencia en la negociación de acuerdos internacionales.

El caso de Shell en Nigeria o el de Hidralia en Guatemala, son solo algunos ejemplos de la impunidad con la que actúan las grandes empresas en países donde las normativas estatales e internacionales les permiten atacar los derechos humanos y ambientales sin ningún tipo de consecuencia.

 

Tratados a medida de las multinacionales

Los tratados de libre comercio son precisamente uno de los marcos de actuación que da vía libre a las multinacionales para ejecutar la expoliación de materias primas sin importar los impactos sociales y ambientales ocasionados a las comunidades locales de la zona. Estos tratados, como el Tratado de Comercio e Inversiones que en la actualidad negocian EEUU y la UE, TTIP, representan una garantía de negocio para las grandes empresas y una pérdida de derechos y democracia para la población.

El TTIP y el CETA pretenden equiparar las normativas a ambos lados del Atlántico, con la consecuente rebaja legislativa, que afectará los derechos laborales, sociales y ambientales en Europa. A su vez, uno de los puntos más controvertidos de estos tratados es un tribunal de arbitraje privado, que permitiría a grandes multinacionales exigir indemnizaciones millonarios a los Estados, si considerasen que su rentabilidad puede verse mermada por una decisión gubernamental de protección ambiental o social.

Vivimos en un mundo basado en una economía voraz, a nadie se le escapa. Un mundo hecho para las élites. Pero no tiene por qué ser así, por eso abogamos por una reducción drástica del uso de los recursos naturales y su reparto equitativo entre todas las personas del mundo, luchamos por el fin de la impunidad de los actores económicos, nos oponemos frontalmente a los tratados de libre comercio y fomentamos prácticas justas y respetuosas con el medio ambiente. En definitiva, avanzamos hacia la justicia económica.

En Amigos de la Tierra contamos con el apoyo de más de un millón de personas en más de 70 países de los cinco continentes