Para apoyar la legalidad urbanística, la normativa que protege nuestros espacios naturales y el trabajo realizado por Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura en relación a la urbanización Marina Isla de Valdecañas, los directores y las directoras de las principales organizaciones ecologistas españolas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) hemos dado una rueda de prensa en Mérida.

Durante la misma han destacado la importancia de la normativa ambiental para proteger nuestro entorno y los espacios protegidos. Hay que recordar que los espacios naturales protegidos, como la Red Natura 2000, son una estrategia europea para garantizar la biodiversidad y los servicios ambientales necesarios para una adecuada calidad de vida.

Valdecañas vulnera la legislación ambiental y urbanística

En relación a la urbanización Marina Isla de Valdecañas, pocas veces se encuentra un caso tan claro de vulneración flagrante de la legislación ambiental y urbanística, con una más que contundente serie de sentencias e informes científicos en contra.

Entre las más importantes:

• Marzo de 2009: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anula el decreto de ciudades mixtas.
• Marzo de 2011: el TSJEx anula el Decreto que permitía el PIR de Marina Isla de Valdecañas, destacando “la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del Proyecto aprobado”, por lo que la isla no era urbanizable. Sin embargo, a causa de la desproporcionada fianza de 41 millones de euros, las organizaciones denunciantes no pudieron paralizar cautelarmente los trabajos.
• Enero de 2014: el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJEx.
• Enero de 2019: el rotundo informe de la Estación Biológica de Doñana determina que la mejor opción ambiental es el desmantelamiento de lo construido, y destacan la ínfima calidad de la evaluación ambiental realizada.
• Noviembre de 2019: el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña, que intentaba legalizar la urbanización a posteriori. La Red Natura 2000 no es urbanizable.

Exigimos que se asuman responsabilidades

Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF queremos destacar que este proyecto era el primero de una serie de actuaciones similares, que intentaban reproducir el desarrollismo de nuestro litoral mediterráneo en espacios protegidos del interior de Extremadura. Además, a los incumplimientos legales ya comprobados se deben sumar una gran cantidad de promesas que se han demostrado falsas: que el proyecto iba a ser un centro terapéutico, que generaría una gran cantidad de empleo y riqueza en la zona, que supondría la mejora de la biodiversidad y el estado de conservación de la isla, etc. Sin embargo, y tal y como concluyen las propias sentencias, en realidad solo se ha trabajado para proteger los intereses de la promotora urbanística frente a los intereses generales. Por ello, la decepción que supone Marina Isla de Valdecañas debería provocar dimisiones y la petición de disculpas de los responsables políticos a toda la sociedad extremeña.

Asimismo, ponemos el énfasis en lo injusto que ha sido el asedio mediático y político al que se ha sometido a Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura. Estas organizaciones solo han defendido la legalidad y el medio ambiente extremeño, ante la vergonzosa acción en sentido contrario de los diferentes administradores y responsables políticos. Además, si se hubiera atendido a las peticiones de las organizaciones ambientales extremeñas desde el primer momento, se hubieran evitado  una gran cantidad de problemas y pérdida de fondos públicos.

También concluimos que es absolutamente irresponsable diseminar el mensaje de que el medio ambiente es un freno a nuestro desarrollo, cuando en realidad un desarrollo sostenible y justo solo puede partir de un medio ambiente sano y biodiverso.

Las organizaciones ecologistas señalamos que a estas alturas del proceso judicial no hay ningún pretexto ni posible dilación para cumplir la ley y las sentencias, así como para  que se asuman las responsabilidades políticas que de ellas se derivan.