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Apoya a los pueblos de Guatemala: una empresa española destruirá sus recursos

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La construcción de una central hidroeléctrica, en el municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas de 130.000 personas, ha desencadenado un grave conflicto social. Las comunidades locales, incluyendo los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’, se oponen desde sus inicios al proyecto de la empresa de origen español Ecoener-Hidralia (Hidro Santa Cruz), que afecta al río que articula su territorio: el Río Canbalam.

La central hidroeléctrica supondría la apropiación del agua de este río, frente al derecho a su uso por parte de los pobladores de la zona. Así mismo su construcción y explotación implicarían graves impactos ambientales, incluyendo movimientos de tierra, inundación de una amplia zona, pérdida de biodiversidad y destrucción de sitios sagrados.

Desde la llegada de Ecoener-Hidralia a la zona, el conflicto ha alcanzado altas cotas de vulneración de derechos humanos: asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones a mujeres, encarcelamiento de líderes comunitarios… La situación llevó al presidente del país a decretar el Estado de Sitio durante 18 días.

Actúa para frenar el proyecto y hacer que se respete la voluntad de la comunidad de Barillas.

En España, el caso ha sido objeto de una pregunta en el Congreso de los Diputados y se ha llevado ante el Defensor del Pueblo. No hay que olvidar que el fundador de esta empresa, Luis Castro Valdivia, ya tuvo problemas, por el impacto ambiental y social de varias centrales que construyó entre 1999 y 2005 en Galicia.

A finales de 2012, dada la fuerte oposición de las comunidades afectadas, parecía que Ecoener-Hidralia se iba a retirar de Barillas, pero finalmente no ha sido así. La empresa persiste en su intención de sacar adelante el proyecto. De hecho, en mayo de 2015, dos líderes opositores a la central fueron condenados a 33 años de prisión por delitos que aseguran no haber cometido. En total, actualmente hay nueve personas en la cárcel por defender sus derechos y su territorio.

Los impactos en los derechos colectivos de los pueblos de la zona, a quienes no se les consultó previamente sobre el proyecto, así como otros derechos humanos vulnerados al criminalizar a sus líderes comunitarios, reflejan que se trata de una inversión extranjera que no está siendo ni responsable ni ética.

¡Firma! La comunidad de Barillas necesita tu apoyo para expulsar a la empresa.

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