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Victoria en Guatemala: la población consigue expulsar a una hidroeléctrica de su territorio

Ir a Victoria en Guatemala: la población consigue expulsar a una hidroeléctrica de su territorio

Desde 2008 la empresa española, Ecoener-Hidralia, amenazaba con la construcción de una central hidroeléctrica en el municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas de 130.000 personas, lo que desencadenó un grave conflicto social. Las comunidades locales, incluyendo los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’, se oponían desde sus inicios al proyecto que afectaba al río que articula su territorio: el Río Canbalam.

La central hidroeléctrica suponía la apropiación del agua de este río, frente al derecho a su uso por parte de los habitantes de la zona. Así mismo su construcción y explotación implicaban graves impactos ambientales, incluyendo movimientos de tierra, inundación de una amplia zona, pérdida de biodiversidad y destrucción de sitios sagrados.

La empresa se asentó en el país vulnerando los derechos de las comunidades residentes en la zona, violando el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e informada, y fomentando la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron a ella. Ante la falta de consenso, las propias comunidades realizaron una consulta popular, en la que más del 90% de la población se opuso de forma tajante al proyecto de la empresa gallega.

Desde la llegada de Ecoener-Hidralia, el conflicto alcanzó altas cotas de vulneración de derechos humanos: asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones a mujeres, encarcelamiento de líderes comunitarios… La situación llevó al presidente del país a decretar el Estado de Sitio durante 18 días.

La movilización social en Guatemala, y el apoyo que hemos estado dando desde el Estado Español, Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra han sido clave para expulsar a la empresa de la zona. En 2015 iniciamos una recogida de firmas para reclamar la desestimación de la obra y el fin de las acciones contra las poblaciones indígenas. A su vez, presentamos el caso ante la ONU, de la mano de Amigos de la Tierra, como ejemplo de la necesidad de un tratado vinculante internacional que acabase con la impunidad de empresas multinacionales ante las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometen con sus operaciones en el extranjero. A finales de 2016 presentamos las firmas ante la Embajada de Guatemala, y a los pocos días, la empresa anunció su retirada.

Esta renuncia pone de manifiesto la importancia de apoyar las reivindicaciones de los pueblos indígenas frente a la llegada de transnacionales que no tienen en cuenta los derechos de las comunidades.

Ambas organizaciones exigimos a Ecoener-Hidralia que cumpla con su palabra y abandone definitivamente el proyecto, así como cualquier otro intento en el futuro de comenzar otro macroproyecto en el territorio, a través de alguna de sus filiales. En este sentido, es fundamental establecer un tratado vinculante, a nivel internacional, que ponga fin al acaparamiento de recursos naturales por parte de grandes empresas, nacionales y extranjeras, con el apoyo de los gobiernos.

 

 

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