En Marzo la Comisión Europea publicó su propuesta de Reglamento de Materias Primas Fundamentales  (CRMA por sus siglas en inglés) con el objetivo de garantizar a Europa un suministro “seguro y sostenible” de los minerales clave para la transición energética y digital. Sin embargo, en lugar de garantizar la imprescindible y urgente transición ecológica, la futura ley supone un peligro para la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos de las personas y comunidades tanto dentro como fuera de la UE.

El siglo XXI exige esfuerzos globales que aporten soluciones a múltiples crisis de naturaleza social y medioambiental. Tenemos muchas soluciones a nuestro alcance, pero exigen voluntad política para avanzar (como la legislación sobre ecodiseño de productos o las prohibiciones de ciertos productos nocivos para el medioambiente), y discurso político para desarrollar nuevas herramientas (como los límites a la producción de energía) que darán lugar a una transformación social justa que devuelva a la humanidad dentro de los límites planetarios.

La mayoría de las crisis sociales y medioambientales a las que nos enfrentamos son el resultado del consumo excesivo de recursos, ligado a modelos de producción y consumo insostenibles en sociedades cada vez más desiguales. La propuesta presentada por la Comisión Europea no cuestiona en absoluto este sobreconsumo ni sus impactos socioeconómicos, más bien al contrario, puede ahondar en las desigualdades, blindando el beneficio a corto plazo de grandes actores económicos a costa de los derechos de las personas y la salud del planeta. Esta ley pretende además acelerar el abastecimiento de minerales cuyo fin no es sólo la transición ecológica, sino otros sectores como la defensa o la carrera aeroespacial.

En un Documento de Posición, una diversidad de organizaciones de la sociedad civil europea profundiza en los principales problemas del Reglamento de Materias Primas Críticas y aporta recomendaciones al respecto.

Las políticas para la transición energética y digital, incluyendo el suministro de materiales, deben asentarse sobre una buena planificación, priorizando la reducción de la demanda y garantizando la participación de la población y la sociedad civil en la toma de decisiones. Solo así conseguiremos una transición ecológica justa y sostenible en el tiempo.