La nueva propuesta europea perpetuará los ataques de los inversores a la salud y el medio ambiente.

En otoño de 2015, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, presentó una propuesta para garantizar amplios derechos a los inversores extranjeros en todos los futuros acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE). La propuesta llegó en un contexto de creciente preocupación porla inclusión del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por su sigla en inglés) en acuerdos comerciales comunitarios como la Asociación Transatlántica de Comercio eInversión (TTIP) entre la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)entre la UE y Canadá.

Este mecanismo, que se aplica a muchos tratados internacionales de comercio e inversión vigentes, ha propiciado un auge de controvertidas demandas interpuestas por grandes empresas contra Estados que han adoptado medidas normativas para proteger la salud pública, el ambiente o el interés público.

La Comisión Europea ha asegurado que, con su nuevo enfoque para la protección de las inversiones—descrito en su propuesta para un Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS por su sigla en inglés) planteada durante las negociaciones para el TTIP—, “protegeremos el derecho de los gobiernos a legislar y garantizaremos que las diferencias en materia de inversión se resuelvan en plena conformidad con el Estado de Derecho”. Por otro lado, miembros de la Comisión han prometido que algunos de los casos más extremos que se han dado en el marco del ISDS, y que se han convertido en emblema de las injusticias de este mecanismo, no podrían ser posibles al amparo del nuevo sistema ‘reformado’.

Este informe pone a prueba esa promesa mediante el análisis de cinco de los casos ISDS más polémicos y emblemáticos de los últimos años.

Informe completo

Entre los casos analizados están:

• Philip Morris contra Uruguay, por la introducción de advertencias gráficas en las cajetillas de cigarrillos y otras medidas de control del tabaco con el fin de fomentar la salud pública;

• TransCanada contra los Estados Unidos, por la decisión del presidente Barack Obamade no aprobar la construcción del oleoducto Keystone XL como parte del compromiso de su país para luchar contra el cambio climático;

• Lone Pine contra Canadá, por una moratoria cautelar sobre el fracking promulgada en la provincia de Quebec;

• Vattenfall contra Alemania, porque la ciudad de Hamburgo impuso una serie de normas ambientales sobre el uso del agua en una central eléctrica de carbón;

• Bilcon contra Canadá, por una evaluación de impacto ambiental que impidió la construcción de una gran cantera y una plataforma marina en una zona costera ecológicamente vulnerable.

Nuestro objetivo era evaluar si estos casos ya no podrían prosperar en el marco del Sistema de Tribunales de Inversiones  para entender si este representa un cambio importante con respecto a las desigualdades que imperan actualmente en el arbitraje ISDS. O bien si, como afirman muchos expertos jurídicos y activistas de la sociedad civil, el ICS no es más que un ejercicio de maquillaje por parte de la Comisión Europea.

Un examen detallado de cada caso demuestra que todas estas polémicas demandas también se podrían interponer y probablemente prosperarían con el ICS. Las normas propuestas no incluyen ningún elemento que impida que las empresas impugnen decisiones adoptadas por los Gobiernos para proteger la salud y el medio ambiente. Y tampoco nada que impida que los árbitros fallen en favor de estas, condenando a los Estados a pagar miles de millones de dinero de los contribuyentes en concepto de indemnización por unas medidas públicas legítimas.

En resumen: puesto a prueba, el Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) no podría evitar la interposición de ninguna de estas polémicas demandas.