Además permiten que los responsables de los sistemas de recogida como Ecoembes y Ecovidrio sigan sin responsabilizarse de los envases que terminan en el medio natural. Por este motivo las entidades ecologistas denunciamos que algunos partidos en el Senado están pactando para que se apruebe una ley de residuos mucho más descafeinada y en contra de la salud humana y los derechos de la ciudadanía.

Este 8 y 9 de marzo son fechas clave para la tramitación en el Senado de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta ley fue aprobada el pasado 23 de diciembre en el Congreso por la mayoría de los partidos progresistas como una ley que quería impulsar un cambio de rumbo en la gestión de residuos en el Estado español. Sin embargo, hasta el día de hoy ha sido incapaz de cumplir con los objetivos de prevención y reciclaje marcados por la Unión Europea.

Amigos de la Tierra, Rezero y Surfrider España, seguimos con preocupación el proceso de trámite de la ley en el Senado y consideran alarmantes algunas de las enmiendas que han sido introducidas en la ponencia de la ley.

Las organizaciones estamos especialmente preocupadas por el retroceso que hace la ley en relación a la protección de la salud humana. El artículo 18 de la Ley aprobada en el Congreso incluía la prohibición de ftalatos y bisfenol A en envases. Esta es, sin duda, una medida necesaria para proteger nuestra salud de estos productos tóxicos presentes en los envases de alimentación. Estos son reconocidos como disruptores endocrinos que provocan enfermedades como diabetes, enfermedades tiroideas, reproductivas, obesidad, cáncer, etc. Compuestos químicos que, además, afectan especialmente a las mujeres y a la infancia.

En esta primera fase del proceso del Senado, el PP y el mismo PSOE (miembro del gobierno de coalición que impulsó la propuesta en el Congreso) han sumado sus fuerzas para eliminar esta medida y, por lo tanto, permitir que estos compuestos sigan formando parte de los envases de alimentación que se consumen a diario.

A su paso por el Senado la ley también está sufriendo un ataque frontal al cumplimiento del principio de “Quien Contamina, paga” o dicho de otra manera la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Un principio europeo de obligado cumplimiento que obliga a los productores a asumir la totalidad de los costes de gestión de sus productos cuando se convierten en residuos. Es decir, asumir el coste no solo del reciclaje, sino también de la limpieza de calles, playas etc. y de las infraestructuras necesarias para el tratamiento de estos residuos. Unos costes que hoy están siendo injustamente asumidos por los ayuntamientos y, por tanto, por el conjunto de la ciudadanía española.

Las organizaciones señalamos que el Senado no debe incumplir las directrices europeas y que es inaceptable que se introduzcan rebajas a esta responsabilidad. Se podría llegar a eliminar la obligatoriedad de asumir los costes de la limpieza viaria o de la limpieza de playas.

Por estas razones, las entidades firmantes consideramos que estos posibles retrocesos que quieren impulsar algunos partidos representan una marcha atrás en la gestión preventiva de los residuos que ni el planeta, ni la economía de los ayuntamientos ni la salud humana se pueden permitir.