Madeira se convierte en la primera región europea libre de transgénicos reconocida oficialmente
La Comisión Europea da el visto bueno a la existencia de esta figura legal
La Región Autónoma de Madeira, Portugal, se ha convertido en la primera región europea libre de transgénicos reconocida de forma oficial. Cientos de regiones y municipios europeos han expresado su deseo de permanecer libres de transgénicos y muchos de ellos habían legislado al respecto. Sin embargo, la Comisión Europea se resistía a permitir esta figura legal. Madeira es la primera que obtiene la autorización oficial, lo que abre la posibilidad de establecer regiones libres de cultivos transgénicos en la Unión Europea. Cuatro Comunidades Autónomas españolas y varias diputaciones o cabildos insulares se habían declarado ya libres de transgénicos. Amigos de la Tierra anima a éstas y al resto de regiones a seguir el ejemplo de Madeira y realizar los trámites para prohibir de forma oficial y efectiva el cultivo de transgénicos en su territorio.
La figura de Zona Libre de Transgénicos es una demanda histórica de las regiones y municipios europeos, que quieren impedir su cultivo, en contra de su imposición por parte de la Comisión Europea, la industria o Gobiernos como el español. Más de doscientas regiones y miles de municipios se han declarado desde entonces libres de transgénicos, y aunque han legislado para evitar su cultivo, exigían a las autoridades europeas el reconocimiento de esta figura legal. En el caso de Madeira, que ya no podrá ser recurrido por ninguna instancia europea, se establece la prohibición de introducir y cultivar semillas transgénicas en su territorio, con multas de hasta 44.000 euros para las empresas infractoras, según establece el decreto legislativo aprobado por unanimidad en la Asamblea Regional.
“Madeira ha abierto un camino esperanzador para que todas las regiones que se habían declarado libres de transgénicos legalicen su situación e impidan el cultivo de transgénicos en su territorio. Se reconoce por fin el derecho de las regiones a proteger su medio ambiente y la salud pública, y conservar sus modelos de agricultura frente a la imposición que suponen los transgénicos”, afirmó David Sánchez, responsable del Área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.
En España, País Vasco, Asturias, Canarias y Baleares, los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Lanzarote, la Diputación de Málaga y cerca de 200 municipios ya han declarado su territorio libre de transgénicos. También el Parlamento Gallego instó a que su territorio estuviera libre de estos cultivos. Mientras algunas de ellas han legislado para impedir su cultivo, desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino siempre se han despreciado este tipo de iniciativas.
Sin embargo, desde la Comisión Europea se ha dado el visto bueno a Madeira, lo que supone un giro en su política, que se está reflejando también en varias de sus recientes propuestas. En un intento de acelerar la aprobación de su cultivo e importación, la Comisión Europea ha ofrecido una mayor flexibilidad para prohibir el cultivo de transgénicos por parte de los estados miembro. Además, en las nuevas recomendaciones emitidas por la Comisión para regular la denominada “coexistencia”, la convivencia de los cultivos transgénicos con los convencionales o ecológicos, se reconoce también el derecho a establecer regiones libres de transgénicos.
“Desde Amigos de la Tierra rechazamos las nuevas iniciativas de la Comisión Europea, que pretende conseguir que se acelere la aprobación de cultivo e importación. Los Estados miembro de la UE ya podían prohibir su cultivo, y así lo han hecho Francia, Alemania, Austria o Hungría. Pero en un país cuyo Gobierno defiende los transgénicos a toda costa como España, la declaración de regiones libres de transgénicos es hoy por hoy la única manera de vetar su cultivo.”
España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala, con más de 76.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente cultivadas en 2009. Este maíz, prohibido en 10 países de la UE por sus impactos ambientales, incertidumbres para la salud y la imposibilidad de proteger otros modelos de agricultura de la contaminación genética, ha generado graves impactos socioeconómicos tras más de 12 años de cultivo. El Gobierno Español ha negado sistemáticamente estas evidencias, alineándose en todo momento con las multinacionales del sector, permitiendo además que el 42% de los experimentos con transgénicos al aire libre se realicen en territorio español y estableciendo una legislación que solo favorece a estas empresas.
El rechazo social frente a la imposición de los transgénicos en España se ha manifestado de forma reiterada a través de iniciativas legislativas populares, movilizaciones, manifestaciones o incluso acciones de boicot de los campos transgénicos experimentales.