Los grupos ecologistas iniciamos acciones legales contra la clasificación ‘sostenible’ del gas
Las organizaciones ecologistas hemos emprendido, oficialmente, acciones legales contra el ejecutivo europeo para impedir que la UE incluya el gas fósil en su taxonomía de las finanzas sostenibles.
ClientEarth, la Oficina de Política Europea de WWF, Transport & Environment (T&E) y BUND (Amigos de la Tierra Alemania) hemos tomado, oficialmente, acciones legales para impedir que el gas fósil se incluya en la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea.
El Acto Delegado Complementario de la Taxonomía (CDA, por sus siglas en inglés), adoptado de manera polémica antes del verano, otorga al gas una etiqueta de ‘sostenible’.
Los argumentos que manejamos las organizaciones medioambientales son que la CDA choca con otras leyes de la Unión Europea, concretamente, el propio Reglamento de Taxonomía y la Ley Europea del Clima. Tampoco respeta las obligaciones de la Unión Europea en el Acuerdo de París.
Cabe recordar que el gas es responsable de las altísimas facturas de energía en toda Europa. Asimismo, genera impactos dañinos en el medio ambiente, incluyendo la expulsión de grandes cantidades de emisiones de carbono y metano.
Con esta etiqueta se corre el riesgo de canalizar inversiones hacia esta fuente de energía nociva, cuando es prioritario invertir en reducción de la demanda energética y en la aceleración de las energías renovables sostenibles.
Es importante destacar que apoyar el gas, un combustible fósil que actualmente se encuentra en el centro de una crisis del coste de vida en todo el mundo, debilita los propósitos fundamentales de la UE de conseguir una energía más limpia, más barata y más segura. Para reducir las facturas de las personas, asegurar el suministro de energía y proteger a los ciudadanos del caos climático, la UE debe detener el ‘greenwashing’ del gas en la taxonomía de la UE. Además, se supone que la taxonomía es el estándar de oro para las inversiones pero, tal como está, este acto delegado envía las señales incorrectas a los inversores y debe ser revocado.
Por eso, hemos iniciado acciones legales a través de una solicitud de revisión interna, un mecanismo abierto ahora para el uso de las ONG y el público después de una importante reforma de las leyes de acceso a la justicia de la Unión Europea el año pasado.
Por último, reclamamos a la Comisión Europea que derogue el Acto Delegado Complementario. La Comisión Europea tiene 22 semanas para responder. Si la Comisión lo rechaza, podremos pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie al respecto.