Los miembros del Comité de Medio Ambiente han votado favorablemente a la propuesta de retrasar la introducción de permisos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (más conocido por sus siglas en inglés UE-ETS).

Esta propuesta, conocida en inglés como ETS ‘backloading’ (retraso del Régimen) está diseñada para mejorar la eficacia del sistema en cuanto a la reducción de emisiones. Pero desde Amigos de la Tierra creemos que esta sobreconfianza en un sistema que hace aguas por todos los costados, es una distracción de las medidas realmente efectivas que podrían paliar el cambio climático.

Por mucho que los eurodiputados intenten retrasar, modificar, o mejorar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, éste no va a funcionar. La verdadera prioridad para luchar contra el cambio climático debería pasar por que la UE estableciera un objetivo de reducción de gases para 2020 más elevado del que tiene ahora mismo, y más en la línea de lo que la ciencia o la justicia apuntan. También sería muy importante que la UE fijara unos objetivos vinculantes para 2030 no sólo en gases de efecto invernadero, sino también para la eficiencia energética y para las energías renovables.

El comercio de emisiones es una falsa solución

El comercio de emisiones de carbono no es una solución factible para combatir el cambio climático. El elevado número de compensaciones que permite este modelo, y el potencial riesgo de enlazar este mercado con otros mercados nacionales y regionales son razones de peso para rechazarlo de raíz.

Tanto esfuerzo político para intentar que este sistema salga adelante con éxito, está obstruyendo a otras medidas contrastadas que permitirían resultados más certeros. Algunos ejemplos son la regulación directa, los impuestos a las energías sucias y los subsidios a las limpias, medidas que permitirían alejarnos de un cambio climático catastrófico.

En este sentido, desde Amigos de la Tierra seguimos trabajando desde 2008, con la campaña “S.O.S. Clima”, cuyo objetivo es que se apruebe una legislación integral y transversal basada en presupuestos de carbono para reconducir este exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta propuesta, sin embargo, no ha llegado a ver la luz en el Congreso.