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Las organizaciones ecologistas pedimos a diputadas y diputados que rechacen la propuesta del PP de modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Ir a Las organizaciones ecologistas pedimos a diputadas y diputados que rechacen la propuesta del PP de modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 21 febrero 2018

Miembros de Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife comparecen hoy en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para explicar las evidencias científicas y sociales que desaconsejan realizar modificaciones a la actual redacción de la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad relativas al tema de las especies invasoras.

Amigos de la Tierra, junto con Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y Ríos con Vida, se opone a la propuesta de modificación del PP de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad dictada por ciertos intereses económicos de la pesca deportiva y de la caza. Esta propuesta, que ha obviado los trámites de consulta y participación pública, no supone ninguna mejora del texto actual, va en contra de lo dictado por el Tribunal Supremo y minimiza el papel del ministerio, al dejar a criterio de las comunidades autónomas la catalogación o descatalogación de una especie como invasora atendiendo no a criterios científicos sino políticos.

El coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, y el responsable del área de Gobernanza de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, comparecen hoy, miércoles 21 de febrero, en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente para exponer las evidencias científicas y sociales que apoyan la no modificación de la norma.

El texto de la ley no es el problema, sino su falta de aplicación

Las organizaciones ecologistas reclamamos que se rechace esta modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y que se empiece a trabajar seriamente para erradicar las especies invasoras, teniendo en cuenta criterios económicos y sociales pero, sobre todo, ambientales. Por ello, solicitan a los partidos con representación parlamentaria –y en especial al PSOE y a Ciudadanos, que ya rechazaron una propuesta prácticamente idéntica el pasado mes de junio–, que no secunden esta propuesta del Partido Popular.

En este mismo sentido, la semana pasada ya se pronunció un grupo de expertos confirmando lo que ya habían sentenciado los tribunales: que una especie es invasora independientemente de cuándo ha sido introducida en el medio y del tiempo que lleva en él. Además, confirmaron que la ley es lo bastante flexible para adoptar medidas para combatirlas y el coste de erradicar especies invasoras es elevadísimo, mucho mayor del supuesto beneficio económico que pueden producir, por lo que hay que evitar en la medida de lo posible su expansión. En esta línea, 17 sociedades científicas y 600 investigadores ya mostraron su rechazo a la modificación de la ley.

Las ONG ambientales lamentamos que, en lugar de trabajar contra las especies exóticas invasoras (EEI), el Partido Popular proponga modificar la ley de forma arbitraria y sin reconocer que la normativa actual permite suficiente flexibilidad para atender los intereses económicos y sociales. También criticamos la inacción por parte de las administraciones, ya que son escasas las estrategias nacionales y los planes de acción autonómicos que se han desarrollado en España desde la aprobación de la ley, lo que está permitiendo la rápida expansión de especies invasoras muy dañinas, como la avispa asiática o el siluro.

Según las organizaciones ecologistas, la solución pasa por aplicar la actual legislación y desarrollar las correspondientes estrategias de control y erradicación de las diferentes especies invasoras, contando con todos los agentes implicados y atendiendo a las realidades socioeconómicas de los territorios.

Las especies invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo

Queda demostrado que el conflicto generado en torno a las especies exóticas invasoras, la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y la primera en islas, se ciñe sólo a unas pocas especies que son objeto de explotación comercial, piscícola, cinegética o turística. Y que son, por tanto, estos intereses económicos puntuales los que tratan de forzar una adulteración de la ley que afectaría no sólo a esas especies, sino a otras muchas, lo que supondría una clara amenaza para la biodiversidad.

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