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Las organizaciones ambientales nos hemos reunido con el presidente del Gobierno para pedir más ambición y liderazgo frente a la crisis ecológica y social

Ir a Las organizaciones ambientales nos hemos reunido con el presidente del Gobierno para pedir más ambición y liderazgo frente a la crisis ecológica y social 21 julio 2022

Las cinco principales organizaciones ecologistas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— nos hemos reunido a primera hora de la mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar varios temas relacionados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la brecha de desigualdades que vivimos.


Hemos destacado la importancia de un liderazgo contundente y claro que tiene que tener este Gobierno a nivel internacional (en el Tratado Internacional de los Océanos, la minería submarina, la COP o la Convención de Diversidad Biológica), europeo (máxime ahora que se acerca la fecha para que España ocupe la presidencia europea) y nacional, con lo que queda por conseguir.

Por ello hemos trasladado al ejecutivo varias peticiones concretas que han girado en torno a cuatro ejes:

1. Cambio climático y transición energética. Para respetar los límites ecológicos marcados por la ciencia frente a la emergencia climática, es imprescindible no perder el rumbo de la transición energética hacia un sistema 100 % renovable eficiente, inteligente y democrático, acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y evitar el peligro de la energía nuclear.

Se debe acelerar el despliegue de energía limpia y segura en todos los sectores, con garantías de no producir impactos negativos en la naturaleza y de que el beneficio de las renovables llegue a todas las personas, especialmente a las más vulnerables y a quienes van a convivir con ellas en su proximidad.

Para ello es esencial la transparencia y la participación, de manera que la transición se haga junto a la ciudadanía, por lo que las organizaciones ecologistas hemos apuntado que es necesario el liderazgo del Gobierno en este terreno, que garantice el despegue definitivo de las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF hemos comentado que no debe invertirse dinero en infraestructuras fósiles que nos aten al cambio climático y a la inseguridad energética, ni que España se convierta en un “hub de gas” para el resto de la UE.

Hemos mostrado nuestra preocupación por el reciente anuncio de la UE de incluir en la taxonomía UE el gas y la energía nuclear como energías verdes. Consideramos que el Gobierno debería mantener el rechazo que ha tenido desde el primer momento y, en coherencia, promover una acción legal contra el acto delegado y promover que en España no se aplique.

Además, hemos recordado al ejecutivo que lo que esperan de un Gobierno convencido de la urgencia del cambio climático es una acción firme y distinguida. Por tanto, España debe pasar del actual y exiguo objetivo de reducción de emisiones del 23 % a un 55 % en 2030 respecto a 1990, sin mayor demora. Estos objetivos más ambiciosos exigen una transformación profunda y urgente de los sectores con mayor responsabilidad en las emisiones, como son el energético, el del transporte y el alimentario.

2. Protección de la biodiversidad. A nivel internacional, tras posponerse en varias ocasiones reuniones de un importante calado en esta materia —como la CBD (Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica) que finalmente se llevará a cabo en diciembre en Montreal, o la última ronda de negociaciones sobre el Tratado Internacional de los Océanos que tendrá lugar en agosto en Nueva York— la destrucción de la naturaleza continúa, no solo a nivel mundial sino también en Europa.

A día de hoy no se han cumplido ninguno de los objetivos de biodiversidad para 2020 acordados anteriormente. España debe liderar el desarrollo de la legislación europea en restauración de la naturaleza e incrementar su posición de liderazgo en las negociaciones del marco global de diversidad en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad biológica.

A nivel estatal hemos resaltado la importancia de nuestro capital natural en este contexto y de invertir en protección de la naturaleza. En medio de una preocupación extrema en España por los incendios, las organizaciones hemos señalado la necesidad de impulsar la ganadería extensiva y cambiar el paradigma de la extinción a uno basado en la prevención y la gestión forestal. Hemos propuesto como medida concreta un PERTE de restauración ecológica, que invierta en la recuperación de nuestros ecosistemas y en la generación de empleo.

3. Desarrollo rural. Es primordial garantizar la calidad de vida y los servicios esenciales de la población rural, por una cuestión de justicia y para que pueda ejercer su papel clave en la emergencia ambiental, la protección de los ecosistemas y la producción de alimentos. Por ello, hay que avanzar de forma urgente en el desarrollo de medidas estatales (bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social, inversiones estatales en empleo y emprendimiento) que favorezcan el asentamiento de la población.

Hemos tratado con el presidente los retos del sistema agroalimentario y la urgencia de elevar su prioridad en la agenda, así como trabajar para establecer una soberanía y seguridad alimentaria. Las soluciones pasan por una transformación que reduzca todos los insumos externos que hacen a este sistema enormemente vulnerable, así como el incremento de la superficie en producción ecológica, todo ello integrado en la naturaleza para hacer frente a las diversas crisis agrarias, climáticas y de biodiversidad. Es necesaria una PAC (y PERTE) alineada con estos objetivos.

En este sentido las entidades proponemos, en línea con la European Network for Rural Development, que se incorpore el “rural proofing” —o filtro de desarrollo rural— además del filtro de afección a la biodiversidad en el despliegue de todas las leyes, tal y como se hace actualmente con el cambio climático o la mirada de género.

4. Justicia social. Hemos mostrado nuestro apoyo a aquellas medidas tomadas en el Real Decreto anticrisis y las anunciadas en el Debate de la Nación dirigidas a redistribuir la riqueza, favorecer y ayudar a quienes más les está afectando la inflación y tienen menos medios, y las que hacen que las empresas y la banca —que paradójicamente se está enriqueciendo con las crisis— también “arrimen el hombro” a través de impuestos.

En esta crisis son necesarias también medidas tendentes a hacernos menos dependientes de los combustibles fósiles. Por eso, hemos aplaudido las medidas dirigidas a favorecer el uso del transporte público y no las que fomentan el consumo de combustibles fósiles, como el descuento de 20 céntimos en el carburante, que además no tiene en cuenta la progresividad al estar dirigido por igual a toda la población.

En cualquier caso, no hay que olvidar que para favorecer el ahorro energético, el uso del transporte público no es suficiente con que los bonos sean gratuitos, sino con reforzar el servicio, mejorar frecuencias y hacer del tren un vector vertebrador de movilidad sostenible que llegue a todos los puntos de la geografía nacional, para lo cual, hay que revertir el cierre de líneas de trenes regionales que se están llevando a cabo.

Además de medidas puntuales para paliar los efectos de la inflación, hemos resaltado la importancia de establecer medidas estructurales para evitar que las crisis la paguen “las de siempre». Por ello, hemos reiterado nuestra petición de la puesta en marcha de una reforma fiscal cuyos impuestos salgan de donde tienen que salir: de una fiscalidad justa y verde. Una fiscalidad que apoye al medio rural, donde pague más quien más tiene y quien más contamina, y que sirva para sufragar los servicios públicos y la protección social, que nos lleven a una verdadera transición ecológica, que garanticen derechos y vidas dignas de ser vividas para todas las personas.

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