La UE apuesta por la voluntariedad y así profundiza en la impunidad corporativa cuando las empresas violan derechos humanos en terceros países

Gracias a la campaña #ResposabilizaLasEmpresas más de 140.000 personas respondieron a la Consulta Previa lanzada por la Comisión Europea para pedir una Ley de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Es decir, una ley que obligue a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos, reales o potenciales, de sus actividades en el mundo entero, así como de sus filiales, subcontratistas, proveedores y otros posibles actores de su cadena de suministros.

Recientemente el Parlamento Europeo aprobó una resolución al respecto que insta a la Comisión Europea a impulsar esta normativa. Un gran avance para las personas y organizaciones que llevamos años luchando contra la impunidad de las violaciones cometidas por parte de las corporaciones multinacionales. Sin embargo, lo aprobado por el Parlamento Europeo no contiene elementos clave que desde Amigos de la Tierra consideramos esenciales. El más importante de ellos es la «obligatoriedad», es decir, la responsabilidad directa de las empresas en las violaciones, la garantía de reparación y no repetición y el seguimiento de toda la cadena de producción incluidas subsidiarias y filiales.

Tal y como está actualmente el texto aprobado por el Parlamento Europeo, y que muy previsiblemente será también aprobado por la Comisión, las empresas tienen el deber de respetar los DDHH y en los Estados nacionales la capacidad de protegerlos. Pero no se establecen mecanismos ni sanciones para asegurar que las empresas cumplen ese deber, si no que se espera que voluntariamente lo hagan. La experiencia de años de lucha contra los abusos de poder de las empresas multinacionales nos dice que llamar a la voluntariedad de las multinacionales es un sinónimo de impunidad.

Además, la propuesta actual no permite responsabilizar a las empresas matrices, que suelen ser las más poderosas y afincadas en países europeos, de las violaciones cometidas por otras empresas actoras de su cadena de suministros. Lo que permite que empresas en países con una legislación de protección de derechos humanos y medio ambientales más elevada sigan escondiéndose en sus cadenas de proveedores para saltarse con total impunidad normativas y en caso de ser juzgadas, hacerlo en países donde la infraestructura normativa o judicial es más débil.

En un contexto de ofensiva capitalista global en el marco del avance de la crisis socioecológica y el aumento de las desigualdades, esta normativa aparece como la cara amable del rescate de las grandes corporaciones por parte de los Estados europeos y, desde Amigos de la Tierra, rechazamos la propuesta e insistimos en que la Unión Europea debe crear una Ley de debida diligencia que cubra los impactos en materia de derechos humanos, social y medioambiental a lo largo de toda la cadena de suministro; que prevea sanciones severas para las empresas que incumplan las reglas; responsabilice a las empresas por sus prácticas irregulares dentro y fuera de su país; y que facilite a todas las víctimas de abusos empresariales, sindicatos y sociedad civil, el acceso a la justicia ante los tribunales de la UE.