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Justicia Climática

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La inclusión de una perspectiva feminista garantiza una transición energética justa

Ir a La inclusión de una perspectiva feminista garantiza una transición energética justa 3 noviembre 2022
  • A tres días del comienzo de la Cumbre del Clima en Egipto, COP27, hemos organizado la jornada, Hacia una transición energética feminista
  • Las participantes han coincidido en la necesidad de cimentar un modelo basado en la justicia, la participación y la soberanía energética con perspectiva de género
  • Las mujeres son las que están en primera línea, creando estrategias emancipado-ras, que deben tenerse en cuenta como aprendizajes de cara a la transición energética

Hoy 3 de noviembre, a tres días del comienzo de la Cumbre del Clima en Egipto, COP27, desde Amigos de la Tierra hemos organizado la jornada, Hacia una transición energética feminista. Durante el acto, las participantes han arrojado luz sobre las políticas necesarias para avanzar en la lucha frente a la crisis climática y energética con una perspectiva basada en la justicia climática y, más en concreto, en la justicia de género.

El objetivo del acto ha sido poner en común visiones diferenciadas y construir propuestas conjuntas desde diferentes sectores de la sociedad, por un lado, desde la administración y, por otro, desde colectivos de la sociedad civil. Así las intervenciones han confluido en la necesidad de cimentar un modelo basado en la justicia, la participación y la soberanía energética.

En la jornada han participado representantes de la administración, la Oficina Española de Cambio Climático, el Instituto de las Mujeres y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético- IDAE. Además, se ha contado con la intervención de colectivos como Feministas por el Clima, la Red Ecofeminista, la Aliança contra la Pobresa Energètica, ECOSERVEIS y la comunidad energética rural, ALUMBRA.

Las ponentes han coincido en que para avanzar hacia una transición energética justa es necesario contar con uno de los sectores más vulnerabilizados, las mujeres, que son las que más sufren los impactos de las políticas energéticas y las peores consecuencias de la crisis climática. La desigualdad de género es un factor de riesgo para sufrir pobreza energética y un obstáculo para su plena participación y para ejercer su poder de decisión en los temas referidos a la energía. En Barcelona, en 2015, más del 70% de las ayudas dirigidas a combatir la pobreza energética fueron solicitadas por mujeres.

Las organizaciones han resaltado que son precisamente las mujeres las que están en primera línea, como agentes de cambio, creando estrategias emancipadoras, que deben tenerse en cuenta como aprendizajes de cara a la transición energética.

Durante el acto, las conclusiones no han tardado en hacerse oír: para abordar una transición sostenible y justa es necesaria una transformación hacia un modelo energético descentralizado basado en energías renovables y de producción a pequeña escala, y, a su vez, un descenso en el consumo del norte global. En esta línea es necesario hablar de un modelo despatriarcalizado, donde la revalorización y la redistribución del trabajo de cuidados sea una parte clave a la hora de diseñar las políticas climáticas y energéticas. Sólo así se podrá hablar de una participación real y, por tanto, soberanía energética.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. Hay una gran deficiencia en la inclusión de perspectiva social y de género tanto en las políticas energéticas como en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los planes nacionales. Mientras las grandes empresas se benefician de la transición energética, se está desaprovechando el enorme potencial de la energía comunitaria para generar energía eléctrica limpia y cercana, crear empleo local y construir un modelo energético descentralizado basado en la justicia social. A través de las comunidades energéticas se podría cubrir el 100% de la demanda eléctrica de los sectores doméstico y terciario en 2030.

Partimos de la base de considerar la energía como un bien público y un derecho social, por tanto, es imprescindible priorizar las necesidades básicas de la población para hacer un uso equitativo de la misma. Y es aquí donde deben centrarse las políticas energéticas. Está comprobado que es necesario modificar y reducir el uso de recursos naturales actual para adecuarse a los límites físicos del planeta. Sin embargo, el debate actual se centra en la sustitución tecnológica de energías fósiles por renovables.

La fe ciega en la tecnología, principalmente en las falsas soluciones como el hidrógeno verde o los mercados de carbono, invisibiliza el límite de los recursos tanto del planeta como de las personas, y las externalidades que estos procesos conllevan: crisis alimentarias, conflictos medioambientales, guerras, etc. Se solapan de esta forma la crisis ecológica (climática, energética y de pérdida de biodiversidad) con una crisis social y con la crisis de cuidados.

Existe un enorme potencial para incrementar el enfoque de género en las políticas energéticas y la acción climática en especial las de las comunidades del Sur Global. En la actualidad las mujeres son las más perjudicadas y, a su vez, son las que están creando más comunidad y alternativas a un modelo basado en los combustibles fósiles.

 

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