El 6 de octubre de 2019 moría Golfrid Siregar, un abogado ambientalista indonesio que luchaba por los derechos humanos enfrentándose a grandes empresas. Las circunstancias de su muerte dan lugar a graves sospechas que indican que pudo ser asesinado como represalia por su trabajo en defensa del medio ambiente y la sociedad civl. La policía afirma que se trató de un accidente de tráfico, sin embargo su cuerpo se halló golpeado y abandonado en una cuneta.

Los y las defensoras ambientales ponen en riesgo su vida continuamente para reclamar y lograr justicia para las comunidades locales que ven sus formas de vida amenazadas por grandes empresas. Tan solo en 2018 300 activistas defensores de derechos humanos fueron asesinados. Desde Amigos de la Tierra nos sumamos a la Coalición de la Sociedad Civil Indonesia para la Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, en su llamamiento urgente al gobierno de Indonesia para que inicie inmediatamente una investigación independiente y exhaustiva sobre la muerte de Golfrid Siregar.

Las circunstancias de su muerte son todavía más sospechosas si analizamos que desde 2016 Golfrid trabajaba como abogado ambiental en Walhi (Amigos de la Tierra Indonesia), donde representaba a las comunidades locales en diferentes demandas asociadas a la tala ilegal de bosques, la minería y el acaparamiento de tierras entre otras.

Uno de los casos más recientes en los que estuvo involucrado fue una demanda judicial contra PT NSHE, la empresa promotora de la controvertida Represa Hidroeléctrica Batang Toru en la isla de Sumatra. La demanda judicial presentada por Walhi alegaba que la empresa violó al menos tres leyes indonesias referidas a la autorización del proyecto, buena gobernanza y vicios procesales. A su vez, el activista ambiental fue sumamente activo en una demanda ante la Comisión para la Erradicación de la Corrupción ante una posible estafa y delito de corrupción por parte de la hidroeléctrica PT NSHE y el gobierno local.

Cabe destacar que el proyecto de la Represa Hidroeléctrica Batang Toru ha generado controversia no sólo por sus problemas ambientales y sociales, sino también por las posibles actividades relacionadas con estafa y corrupción asociadas a la empresa PT NSHE. Diferentes expertos científicos han sido despedidos por hablar en contra del proyecto; activistas locales han denunciado a la empresa por acoso, intimidación y persecución, y, recientemente, el experto indonesio que confirmó que su firma había sido falsificada en la Evaluación de Impacto Ambiental fue acusado de difamación.

Necesitamos alzar la voz ante estos atropellos inhumanos a la población. Las grandes empresas no pueden campar a sus anchas sin importar las consecuencias; exigimos justicia y que los países apoyen un tratado vinculante de derechos humanos y empresas que ponga fin a esta impunidad.