• Los gobiernos de países donde están las sedes de las principales multinacionales desoyen a la sociedad civil y bloquean una herramienta jurídicamente vinculante
• El proceso de negociación del Tratado de derechos humanos y empresas se consolida y sigue adelante
• El Gobierno español se alinea con algunos planteamientos del lobby empresarial

Este fin de semana terminaban las negociaciones de la ONU sobre el contenido del texto para la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos tras una semana de discusiones. El proceso se consolida año a año, y al contrario de lo que sucedía en años anteriores, ningún Estado cuestiona ya su continuidad.

Organizaciones y colectivos de la sociedad civil, entre ellas Amigos de la Tierra, continuamos presionando para alcanzar una herramienta jurídicamente vinculante que garantice la protección de los derechos humanos por encima de los intereses económicos de las multinacionales. Sin embargo, a pesar de la necesidad y urgencia de blindar los derechos de las comunidades y poner fin a la impunidad de las multinacionales, la mayoría de gobiernos con más peso no participan en el proceso, o se escudan en una posición floja y ambigua.

Al contrario que en años anteriores, el Gobierno español ha participado activamente en las discusiones, sor-prendiendo a la Unión Europea y a las organizaciones sociales. La UE no esperaba que los Estados miembro participaran con voz propia y lo hicieran de forma activa como lo ha hecho el Estado español. La postura del Gobierno ha decepcionado a las organizaciones ecologistas y sociales; desde el ejecutivo se han alineado con planteamientos de los lobbies empresariales presentes en las negociaciones como la “Organización Mundial de Empleadores” (IOE) o la “Cámara Internacional de Comercio” (ICC).

Una vez más, la sociedad civil ha sido crucial en la movilización a nivel estatal para garantizar que los Estados se involucren en el proceso y proporcionar propuestas concretas con el fin de que se apruebe el tratado jurídicamente vinculante.

El borrador revisado está lejos de convertirse en un tratado efectivo. Es demasiado débil para cumplir con los objetivos: establecer normativas para las empresas transnacionales, impedir que violen los derechos humanos y destruyan el medioambiente y garantizar acceso a la justicia y reparación para los pueblos afectados.

A lo largo de las negociaciones se ha constatado como algunas delegaciones continúan decididas a debilitar el texto, y la mayoría de los países de origen de las principales transnacionales no participan en las mismas. Las organizaciones de la sociedad civil alientan a que los gobiernos participen de forma constructiva, y que apoyen un tratado que aborde lo siguiente:

1.- Concentrarse en las empresas transnacionales y otras empresas de carácter transnacional.
2.- Garantizar la primacía de los derechos humanos sobre el comercio y las inversiones.
3.- Establecer obligaciones directas para las empresas transnacionales.
4.- Fijar la responsabilidad de las empresas matrices sobre sus subsidiarias, las empresas controladas por ellas y todas las entidades que formen parte de su cadena de valor.
5.- Garantizar mecanismos sólidos de implementación, incluida una Corte Internacional
6.- Fortalecer los derechos de las comunidades afectadas.
7.- Ofrecer protección contra la captura corporativa.

Estas demandas son una síntesis de la propuesta de tratado elaborada por la Campaña Global junto con movimientos sociales y pueblos afectados que estuvieron presentes este año de forma multitudinaria. Las organizaciones insistimos en la necesidad de que el borrador del tratado no pierda de vista el mandato, ni intente silenciar las voces de los pueblos. De aquí en adelante, las negociaciones deben tomar como base el mandato de la Resolución 26/9 y el conjunto de propuestas de textos presentadas por los Estados y la sociedad civil en esta quinta sesión.