En diciembre se aprobaba en Consejo de Ministros el Programa Estatal de Prevención de Residuos.

El texto detallado se publicó poco después en la misma página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Desde la asociación lo consideramos el documento insuficiente: no cuenta con objetivos concretos ni vinculantes, ni tan siquiera con un presupuesto específico para la aplicación de medidas.

El programa Estatal de Prevención de Residuos se presentaba como la primera normativa en reducción de Residuos y ofrecía una oportunidad real a la hora de atacar la problemática de la gestión de residuos y la consecuente explotación de recursos naturales. Sin embargo, el éxito de la medida se ve comprometido por el documento final.

Sin embargo, celebramos las aportaciones sustanciales en el programa respecto al borrador inicial y la existencia del propio documento puede verse como un tímido avance hacia el cumplimiento de la jerarquía en la gestión de residuos impuesta por la normativa europea y la lógica. Aun sí, reclamamos un mayor compromiso por parte de la administración, mayor profundización, desarrollo y concreción en las medidas, para dotar de solidez al programa y obtener una reducción real de residuos.

El Programa estatal de prevención de residuos es un requerimiento de la Directiva Marco de residuos de 2008. Dentro de las medidas propuestas se echa en falta un reparto equitativo de responsabilidades entre todos los integrantes de la cadena de gestión de residuos, así como objetivos obligatorios y vinculantes. Aunque la meta de reducción ya es de por sí escasa e insuficiente, tan solo un 10% para el año 2020 respecto al a cantidad generada en 2010, es posible que ni siquiera llegue a cumplirse.

Un primer programa de estas características debe incluir medidas concretas vinculantes, y no voluntarias, con objetivos específicos numéricos para las líneas estratégicas y áreas prioritarias definidas, así como un presupuesto asociado y en origen del mismo en las medidas a poner en marcha. Se ha demostrado que los acuerdos voluntarios han sido completamente insuficientes para la obtención de resultados satisfactorios.

Se hace necesario un reparto de responsabilidades equitativo entre todos los eslabones de generación de residuos: productores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos y administraciones. Limitarse únicamente a campañas de sensibilización a la ciudadanía resulta insuficiente. Los casos como la puesta en el mercado de productos sobre-envasados y difícilmente reutilizables o reciclables y la obsolescencia programada y percibida son prácticas que deberían ser penalizadas, al igual que han de aplicarse tasas al vertido, a la incineración y al littering (abandono de basura), medidas acordes con el principio “quien contamina, paga”.

De la misma forma, una recogida selectiva en origen de las distintas fracciones de residuos, así como el fomento del compostaje y el sistema de devolución, depósito y retorno (SDDR), habrían sido medidas básicas a contemplar en el programa.

La materia orgánica supone más del 42% de la bolsa de basura doméstica. Mediante la separación selectiva en origen de esta fracción y el compostaje sería muy fácil retirar de la cadena de gestión casi la mitad de los residuos y contribuir a alcanzar los objetivos de reducción y reciclado de residuos fijados por la legislación española para el cercano 2020. Es ilógico e inaceptable que no se incluya como obligatoria la separación selectiva de la materia orgánica y el fomento del compostaje en un programa estatal de prevención de residuos.

Además de todas las ventajas holgadamente conocidas del compostaje, retirar de vertederos e incineradoras la materia orgánica reduciría considerablemente la huella de carbono de la gestión de residuos, tal y como ya demostramos desde Amigos de la Tierra con el informe “El Compostaje: receta para reducir la huella de carbono en España.”