• En el Día de la Tierra, hacemos un llamamiento al Gobierno para establecer unas políticas que favorezcan la energía comunitaria
• Las comunidades energéticas son clave para hacer frente a la crisis climática, la dependencia energética, así como a los precios desorbitados en la factura de la luz
• La transposición de la directiva de energías renovables debe incluir objetivos vinculantes de participación ciudadana en el despliegue de estas energías

Hoy 22 de abril, Día de la Tierra, reclamamos al Gobierno unas políticas que impulsen las comunidades energéticas y las sitúen como herramienta clave en la lucha frente al cambio climático.

La crisis climática es el problema más grave al que se enfrenta la humanidad, aunque las crisis como la pandemia o la guerra de Ucrania la han relegado a últimos puestos. Las situaciones actuales entendidas como urgentes están dejando de lado las medidas que se requieren para abordar la emergencia climática y ecosocial; medidas que a su vez serían imprescindibles para hacer frente a las consecuencias ocasionadas por la pandemia y el conflicto bélico en Ucrania.

En este sentido, avanzar hacia la soberanía energética basada en fuentes de energía renovable con participación ciudadana es uno de los objetivos principales y el camino a seguir. De esta forma, no solo se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero con la implantación de energías renovables, sino que se fomentaría la independencia energética del Estado, los precios se mantendrían estables y se promovería la justicia social y ambiental.

Este año el Día de la Tierra tiene como tema central “Invierte en nuestro planeta”. Por eso destacamos la necesidad de dar un giro de 180° al modelo económico cortoplacista y hace un llamamiento claro al Gobierno central, así como a las administraciones locales para que inviertan en las comunidades energéticas, y en un sistema que vele por los límites naturales del planeta. Las comunidades energéticas solo traerán ventajas ambientales y sociales, con una fuerte contribución a romper barreras como la pobreza energética, cada vez más acuciante en el territorio.

Ahora mismo el Gobierno tiene que lidiar con graves problemas ocasionados por el modelo energético y de consumo actual: desde la crisis climática, hasta el alza de los precios de la energía, así como la dependencia energética del exterior. Prolongar la adicción al gas y a energías fósiles es contraproducente para el conjunto de la ciudadanía y el planeta. Las comunidades energéticas son la llave para asegurar una transición real y poner fin a gran parte de estos conflictos.

La ciencia advierte de la necesidad de limitar el calentamiento global por debajo del 1,5°C de temperatura para evitar los peores impactos del cambio climático, sin embargo, los planes nacionales nos llevan a los 3°C y, en concreto, los planes de España están muy lejos de cumplir con los objetivos. Por otro lado, una planificación inexistente y la falta de participación ciudadana en la implantación de energías renovables a nivel estatal está desencadenando la instalación de megaparques sin una ordenación territorial planificada que cuente con instrumentos de protección vinculantes tanto ambientales como sociales, lo que está ocasionando una fuerte oposición ciudadana. Es patente la necesidad de un cambio de paradigma en el sistema energético, donde la ciudadanía desempeñe un papel central.

La directiva de la UE sobre energías renovables (REDII), que se aprobó en 2019, reconoce el papel de la ciudadanía como protagonista en la transición energética a través de las comunidades energéticas, y con ello su participación en el despliegue de las renovables. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha transpuesto la directiva, obstaculizando el desarrollo de la energía comunitaria a falta de una buena definición de la misma e instrumentos acordes para impulsarla. Además de establecer objetivos vinculantes de instalación de renovables, es imprescindible fijar objetivos, también obligatorios, en términos de participación y democratización.

Mientras las grandes empresas se benefician de la transición energética se está desaprovechando el enorme potencial de la energía comunitaria para generar energía eléctrica limpia y cercana, y crear empleo local. Se podría cubrir el 100% de la demanda eléctrica de los sectores doméstico y terciario en 2030. Ahora es el momento de que el Gobierno transponga la directiva y establezca medidas que fomenten la energía comunitaria y reconozca el papel de la ciudadanía como agente protagonista en la transición energética.