Tras once horas de negociación, esta madrugada el Trílogo europeo ha dejado cerrada la nueva directiva de Diseño de Mercado Eléctrico que regulará la futura Unión de la Energía. Desde Amigos de la Tierra lo consideramos un avance ya que refleja sobre papel el fin de los subsidios al carbón, aunque seguiremos reclamando que se facilite una transición justa 100% renovable para todos los Estados miembro.

A pesar de que el pliego legislativo incluye muchos más aspectos regulatorios, a lo largo de los últimos meses la gran lucha ambiental y política se centraba en el artículo 23, que hace referencia a los conocidos pagos por capacidad, es decir, dinero público que los estados pagan a las grandes empresas de electricidad para asegurar la garantía de suministro en caso de que las renovables fallen. En otras palabras, subsidios encubiertos que benefician principalmente a las empresas que operan con tecnologías contaminantes como el carbón y el gas.

“En el caso de España, donde hay un exceso de capacidad instalada, muy raramente es necesario operar dichas plantas, por lo que estos pagos se convierten en ayudas ilegales que benefician al sector privado”, ha comentado Héctor de Prado, responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra.

A pesar de que el Consejo Europeo quería mantener estos pagos en la nueva directiva más allá de 2035, complicando así aún más el compromiso europeo de reducción de emisiones y el Acuerdo de París, al final se ha impuesto la sensatez y se ha fijado el 2025 como el año final para estos subsidios.

“En el contexto actual, el carbón es cada vez menos competitivo, y cada vez más personas trabajamos por la transición energética hacia un modelo limpio, por lo que lanzar señales claras a la industria desde la regulación, es un paso positivo”, ha comentado el portavoz, aunque ha lamentado que “a pesar de todo, se sigan haciendo excepciones como en el caso de Polonia, que depende en gran medida del carbón, pero cuyo coste en la salud de las personas y el medioambiente será mayor en el corto y largo plazo”.

A pesar de esto, hay diversas condiciones que abren peligrosos vacíos legales que desde la Sociedad civil tendrán que monitorizar y denunciar ante los organismos competentes. Un ejemplo es la no aplicación del límite de 500 gCO2/khw para los pagos por capacidad otorgados después del inicio de la revisión del reglamento y antes de que entre en vigor esta legislación en 2020.

En España, recientemente más de 30 colectivos de todo el Estado español bajo el nombre “Un Futuro Sin Carbón” han llevado a cabo diversas acciones para forzar el cierre de las plantas operativas y el cese de la inversión para adaptarlas al nuevo escenario regulatorio. Tanto el Gobierno como las empresas tienen ahora la oportunidad de dar carpetazo al carbón y facilitar la transición energética hacia un modelo más limpio, eficiente y en manos de la ciudadanía.

Foto: Acción de la plataforma «Un Futuro Sin Carbón»