• El pasado martes se celebró la primera reunión de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica constituida por el Congreso de los Diputados, con el fin de consensuar las medidas necesarias para salir de la crisis del coronavirus
• Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF lamentan que no se haya tenido en cuenta el medio ambiente en la comisión omitiendo este aspecto en la propia nomenclatura de la Comisión

La comunidad científica coincide en que la crisis de la COVID-19 no es más que la punta del iceberg de una crisis mucho más amplia y grave para la humanidad, la ambiental. Una crisis ambiental que se refleja principalmente en el cambio climático y en la pérdida de biodiversidad. Por ello, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF lamentan que la Comisión del Congreso no reciba el nombre de Comisión para la Reconstrucción Social, Económica y Ambiental, ya que la salida a la crisis de la COVID-19 no solo no debe hipotecar una rápida transición ecológica, sino que debe coadyuvar a que se produzca más rápido.

Las organizaciones ecologistas reclaman, por tanto, que el medio ambiente sea transversal a los cuatro aspectos que tratará la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal, y la posición de España ante la Unión Europea.

En especial, las organizaciones quieren llamar la atención de los miembros de la Comisión sobre los siguientes aspectos:

1. Las medidas económicas que se lleven a cabo deben dirigir velozmente al país a una economía verde, circular, neutra en carbono y que reduzca la utilización de recursos naturales. El empleo verde puede y debe ser la solución al problema crónico del paro en España.

2. Debe instaurarse una fiscalidad verde que fomente las prácticas empresariales y de consumo beneficiosas para el medio ambiente y penalice las contrarias a la transición ecológica y la justicia social. El principio de que “quien contamina paga” debe dirigir la política fiscal del Estado.

3. Deben eliminarse todos los incentivos contrarios a la reducción de emisiones de efecto invernadero y a la conservación de la biodiversidad. No resulta tolerable que se utilicen los impuestos de la ciudadanía para perjudicar su salud o afectar negativamente a su Patrimonio Natural o a su futuro.

4. España debe impulsar políticas basadas en una transición ecológica justa, y ser la palanca de cambio para su promoción y liderazgo dentro de la Unión Europea.

5. La salud pública pasa necesariamente por garantizar y disfrutar de un medio ambiente saludable que prevenga las enfermedades, lo que requerirá la adopción de medidas tanto en el medio urbano, como en el medio rural. Buen ejemplo de ello es que la COVID-19 está golpeando más duramente a personas con enfermedades respiratorias causadas por la contaminación.

Para que esto sea posible, las organizaciones ecologistas reclaman a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que incluyan entre las comparecencias a científicos, a expertos en economía verde y a organizaciones ecologistas.

De las medidas que ahora se tomen no solo dependerá la velocidad de la que se salga de la crisis económica provocada por la COVID-19, sino la fortaleza y resiliencia que tenga la economía española en las próximas décadas, la calidad ambiental del país, el bienestar de las personas y la influencia y proyección de España en la Unión Europea y el mundo. Por ello, es necesario evitar medidas cortoplacistas y poner la mirada en los intereses a corto, medio y largo plazo de España.

Las medidas que han adoptado comunidades autónomas como Andalucía o Murcia para reactivar la economía a costa de desproteger el medio ambiente son justo el camino opuesto al que debe recorrer España.