Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tan esperado por Amigos de la Tierra, ya que llevábamos más de una década reclamando esta legislación. Valoramos muy positivamente esta nueva normativa, en la cual se han recogido parte de las propuestas realizadas por las organizaciones ecologistas, entre las cuales destaca el punto final a la explotación de hidrocarburos y al fracking (fractura hidráulica) al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y explotación.

De igual forma, la organización valora el esfuerzo realizado para publicar la ley en un momento tan complejo como el actual, en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Gracias a esta aprobación la ciudadanía cuenta con una base legislativa para priorizar la protección ambiental, así como medidas para luchar frente a la crisis climática, de cara a la recuperación económica. Esto, supone que existirá un control para que las medidas de recuperación económica y social sean medioambientalmente sostenibles.

Sin embargo, es necesario reclamar mayor ambición en los objetivos de reducción de emisiones. La Ley sigue contemplando la neutralidad para el año 2050, cuando desde las organizaciones ecologistas consideran indispensable de que se lleve a cabo en 2040, tal y como aconseja la comunidad científica. De igual forma, el aumento de ambición de reducción de emisiones del 23% para el año 2030 respecto a la referencia del año 1990, sigue siendo insuficiente y no sigue las recomendaciones de la ciencia que afirma que esta década es decisiva para no superar el aumento de 1,5ºC la temperatura global y evitar así los peores impactos del cambio climático.

Por otro lado, la ley marca para el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 35%, así como alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable. En este sentido, el Gobierno desarrollará un nuevo sistema de subastas para la retribución de las energías renovables basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. En este sentido, es necesaria la inclusión de criterios de democratización del sistema energético y de soberanía energética donde la población tenga un papel relevante. Es necesario el fomento del desarrollo de comunidades de energía renovable mediante la elaboración de marcos que les favorezcan como así viene explicitado en la Directiva europea REDII.

En este sentido, uno de los puntos a cubrir es el acceso a la financiación e información, a través de apoyos financieros o de inversión como préstamos favorables a la energía comunitaria, subvenciones o exenciones fiscales en las inversiones de sus miembros. La creciente tendencia hacia las licitaciones y subastas está afectando negativamente la capacidad de las comunidades de energía renovable para competir o acceder a los sistemas de ayudas. El Gobierno debe abordarlo teniendo en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables cuando desarrollen sus sistemas de ayudas públicas. Son urgentes medidas que aseguren que las comunidades de energía puedan competir por sus ayudas en pie de igualdad con otros actores del mercado.

Por último, destacamos la necesidad de establecer condiciones más restrictivas al transporte aéreo, uno de los mayores responsables de emisiones de gases de efecto invernadero (5-8% de emisiones a nivel global), así como a la penetración de agrocombustibles, negando falsas soluciones que suponen un mayor impacto climático que el combustible fósil al que sustituyen. La “aviación verde” no existe y las medidas deben enfocarse en un reducción drástica del transporte aéreo. Por ello, es necesario incluir medidas contrarias a la permisividad de ampliaciones de aeropuertos, medidas que deben ir acompañadas de soluciones alternativas que promuevan una transición ecológica justa.