El derecho a la naturaleza y derecho a la ciudad para lograr ciudades justas y sostenibles. Los ecosistemas, incluso los más antropizados, nos proveen de una serie de beneficios, como el aire limpio o la regulación de las temperaturas. A pesar de esto, menos de la mitad de la población urbana consigue vivir cerca de áreas verdes de calidad. Además, ese porcentaje está muy sesgado por barrios, vulnerándose ese derecho en función de las capacidades socioeconómicas.

Gran parte de la población en barrios con menor renta está sometida a una situación de vulnerabilidad a la hora de crear zonas verdes, lo que puede ocasionar la expulsión de sus hogares si no se aplican políticas de protección de la vivienda, especialmente en el contexto de cambio climático.

Cada día es más urgente tomar medidas eficaces para frenar los peores efectos de la crisis climática y de biodiversidad. Las altas temperaturas provocan más de 4.600 muertes al año solo en España al año. En este sentido, las ciudades son un espacio clave de actuación. Aunque sólo ocupan el 2% de la superficie terrestre, aglutinan a más de la mitad de la población y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La renaturalización de las ciudades es una de las medidas que puede favorecer tanto la adaptación como la mitigación del cambio climático. Las zonas verdes urbanas permiten la reducción a escala local de las temperaturas, además de generar espacios de encuentro y ocio y mejorar la salud de las personas, tanto física como mental. A pesar de la importancia de la naturaleza para la vida humana, vemos grandes diferencias en el acceso a zonas verdes por cuestiones de renta, lo cual debe corregirse de inmediato.

Necesitamos políticas que garanticen ese derecho, y que lo acompañen de medidas para evitar que esto profundice las desigualdades sociales. En el informe “Derecho a la Naturaleza, Derecho a la Ciudad”  proponemos medidas para lograr una renaturalización justa de las ciudades con políticas que blinden el derecho a la vivienda y que no generen la expulsión de la ciudadanía de sus barrios.