Berta Cáceres era una activista reconocida internacionalmente por su trabajo y dedicación a favor de los derechos sociales y ambientales. Coordinadora del COPINH, el Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, era una de las principales líderes de la oposición ciudadana ante proyectos de grandes hidroeléctricas como el de Agua Zarca.

El asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca, constituye un grave agresión contra los derechos humanos. En el último mes no solo han asesinado a la propia Berta, sino a numerosos indígenas del área de Río Blanco. Las multinacionales están operando con completa impunidad en tierras hondureñas, el hogar y el medio de vida de comunidades indígenas.

Desde Amigos de la Tierra expresamos la máxima repulsa por el asesinato de la defensora indígena hondureña Berta Cáceres y la agresión al miembro de Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro.

A lo largo de estas semanas hemos coordinado nuestras acciones junto a Amigos de la Tierra Internacional y diferentes colectivos para exigir al Gobierno de Honduras que reaccione de forma inmediata contra los asesinos de Berta Cáceres y que protejan a Gustavo Castro, un activista también reconocido a nivel mundial, que ha resultado herido durante el asesinato de Berta. Hemos exigido al Gobierno Español que inicie de una vez por todas acciones preventivas de apoyo a las comunidades afectadas que están desprotegidas frente a los abusos de las multinacionales, establecidas de forma ilegal en territorios indígenas.

Nuestros compañeros de México han iniciado una ciberacción para proteger a Gustavo Castro, quien lleva desde el 2 de marzo retenido por las autoridades hondureñas como único testigo del caso de Berta. Gustavo está respondiendo y atendiendo todas las peticiones de la fiscalía, pero su vida corre peligro en Honduras. Además no están tratándole como víctima, por lo que están atentando contra sus derechos. Firma la ciberacción para la protección inmediata de Gustavo Castro.

Queremos manifestar nuestra indignación por la continua situación de desprotección física y legal en la que se ven inmersas las comunidades locales en toda América Latina. Con demasiada frecuencia, los proyectos de extracción de recursos naturales y la construcción de presas están siendo avaladas y financiadas por gobiernos occidentales. Es responsabilidad también del Gobierno de España denunciar esta situación y establecer medidas para proteger los derechos humanos y ambientales en América Latina.