Las nuevas leyes de la UE podrían suponer un giro en el juego

La nueva legislación en materia energética, que se aprobó en el ámbito de la UE en 2019, debería fomentar la energía comunitaria y ser de ayuda a los proyectos comunitarios de toda Europa. Tanto la Directiva de Energía Renovable revisada como la Directiva del Mercado Eléctrico han dotado a las comunidades energéticas de nuevos derechos que deberían garantizar su participación activa en la transición energética. Por primera vez, el reconocimiento de su función y sus nuevos derechos a producir, consumir, vender y almacenar energía renovable quedan ahora recogidos en legislación de la UE.

Se trata de una oportunidad importante para promover muchos más proyectos populares de energía renovable y para que los gobiernos los respalden.

Dichos derechos sobre la energía comunitaria están incluidos en el paquete de Energía limpia de la UE que se aprobó en 2019.

En septiembre 2020, la Comisión Europea publicó su Plan de Objetivos Climáticos 2030 con un nuevo objetivo de reducción neta de emisiones de GEI del 55% para 2030.  Para lograrlo sería necesario acelerar la transición a la energía limpia, y que las energías renovables alcancen entre el 38% y el 40% del consumo final bruto de energía en 2030.

Las cosas están cambiando con rapidez y es bueno mantenerse al día de los cambios y asegurar que se dan en la buena dirección.

¿Y en España?

En el Estado español se están produciendo cambios y modificaciones legislativas que es necesario “vigilar” para que faciliten el cambio de sistema que queremos. La legislación española debe trasponer la Directiva Europea que reconoce la energía comunitaria (REDII) antes de julio 2021. Además, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (que para marzo 2021 aún no está aprobada) se contemplan los siguientes objetivos para 2030:

  • Una reducción del 23% en las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990;
  • Una cuota del 42 % de fuentes de energía renovable en el consumo de energía de la UE;
  • Una cuota del 74% de participación de las renovables en el consumo de electricidad.


Estos porcentajes podrían variar, esperemos que para mejor. Para seguir de cerca estos cambios, puedes entrar a formar parte de redes o alianzas que compartan tu visión y te ayuden a presionar.
En el caso español, existe la “Coalición por la Energía Comunitaria”, si quieres saber más

contacta con Amigos de la Tierra y ¡únete!

Nuevos derechos para las comunidades

En el Estado español, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía, coordina el trabajo en materia de comunidades energéticas, entre otras. A finales de 2020 lanzó una primera consulta pública para recoger información por parte de la ciudadanía sobre aspectos generales a considerar para el impulso de las comunidades energéticas. Estos son los nuevos derechos por los que debe velar:

1) Reconocer a la ciudadanía y a las comunidades como agentes en el sistema energético

La directiva de la UE sobre energías renovables, que se aprobó en 2019, incluye nuevas definiciones donde se reconoce cómo la ciudadanía puede involucrarse en las renovables a través de las comunidades energéticas renovables. Las personas, las autoridades locales y las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden constituir personas jurídicas para producir energía renovable, y se admite que estas comunidades de energías renovables desempeñan una función esencial en el sistema energético y deben tener el respaldo de los gobiernos de la UE.

2) Conceder de forma explícita a la ciudadanía el derecho a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable

Por primera vez, la legislación europea reconoce que , como ciudadana o ciudadano, tienes derecho a invertir en el sistema energético. Si consideras que existen barreras jurídicas a que produzcas, almacenes, vendas o poseas tu propia energía renovable, es obligación de tu gobierno velar por que en efecto puedas hacerlo.

3) El Estado debe crear marcos jurídicos propicios para respaldar a la ciudadanía

Cada país de la UE está obligado a asegurarse de que el sistema jurídico apoya la energía comunitaria. Unos marcos propicios podrían, por ejemplo, poner a disposición de los proyectos programas de financiación o crear una agencia que asesore y apoye, y establecer normas que permitan acceder a la red eléctrica.

4) El Estado debe simplificar los procedimientos administrativos para los proyectos comunitarios y de la ciudadanía

Una de las dificultades de constituir un proyecto de energía comunitaria reside en la complejidad administrativa. Conviene prepararse para hacer mucho papeleo para los permisos de obras, por ejemplo, o las solicitudes de recursos económicos. No obstante, gracias a la legislación de la UE, ahora corresponde a los gobiernos velar por que los procedimientos administrativos sean más sencillos para los proyectos comunitarios y de la ciudadanía.

5) El Estado debe evaluar las barreras a la energía comunitaria y su potencial

Corresponde a cada uno de los gobiernos evaluar las barreras a las comunidades energéticas renovables y su potencial en el país. La legislación exige que lo hagan antes del verano de 2021, pero algunos gobiernos se están adelantando.

Si queremos que los proyectos vean la luz, se necesitan leyes y normas favorables.