El 7 de septiembre de 2018, se hizo público el laudo en favor de la empresa transnacional Chevron y su filial Texaco, dictado por un tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje. 

Texaco, el predecesor de Chevron, realizó operaciones petroleras en Ecuador durante 26 años (1964-1992). Durante ese período, la empresa vertió al menos 1.500 millones de galones de agua tóxica que envenenó el medio ambiente y afectó a las comunidades y pueblos indígenas. En otros términos, las operaciones de la transnacional causaron  uno de los peores hechos de violación de los derechos humanos en el Ecuador.  En 1993,  en uso de sus derechos Constitucionales y humanos, las personas y comunidades afectadas iniciaron el litigio contra Texaco. Después de 20 años de litigio en cortes nacionales y extranjeras, Chevron/Texaco fue encontrada culpable por las cortes en Ecuador (ratificada por la Corte Suprema de Justicia) de daño ambiental y condenada judicialmente a pagar 9.521 millones de dólares estadounidenses, destinada a un fideicomiso para la reparación ambiental, social y cultural. En 2018 la Corte Constitucional de Ecuador volvió a validar la sentencia.

Chevron demandó a Ecuador en 2009 ante tribunales internacionales argumentando que el Gobierno de Ecuador debería haber frenado el juicio de las comunidades y pueblos indígenas, conocido como “Lago Agrio”. Argumentó que la empresa había sido liberada de sus responsabilidades de limpieza medioambiental por un acuerdo firmado con el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1995. La empresa invocó, de manera retroactiva, el  Tratado de promoción y protección recíproca de inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Ecuador que entró en vigor en 1997,  a pesar de que la empresa se retiró del país en 1992.

Si bien aún no se conoce el monto que Ecuador deberá pagar a Chevron, las consecuencias del laudo son muy graves.

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