Amigos de la Tierra celebra la adopción de la ley francesa para vigilar a las multinacionales
El Parlamento francés ha aprobado la “Ley del Deber de Vigilancia” que sitúa a Francia a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos frente a las empresas multinacionales. Amigos de la Tierra espera que esta decisión de un impulso al tratado vinculante de derechos humanos y empresas que negocian la Unión Europea y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde hace años.
La ley francesa para vigilar a las multinacionales penaliza la violación de derechos humanos
Este miércoles, 21 de febrero, Francia aprobó la histórica “Ley del Deber de Vigilancia”, en un contexto de escalada de violencia contra defensores ambientales en países del Sur, por oponerse a los proyectos de compañías extranjeras en sus territorios. Esta indefensión a la que se ven sometidos demuestra como las leyes nacionales son insuficientes para prevenir las violaciones de derechos humanos. Así la ley francesa obliga a implementar planes de vigilancia públicos que afectan a la monitorización de sus propias actividades pero también a las de los proveedores y subcontratas.
En esta línea, los incumplimientos de la ley capacitan a la ciudadanía a acudir a los tribunales si se dan estas circunstancias. Como consecuencia pueden imponerse multas de entre 10 y 30 millones de euros, según la ausencia del plan o los perjuicios en las violaciones de los derechos humanos que se ocasionen.
La ley francesa para vigilar a las multinacionales constituye un hito histórico pero con deficiencias
Amigos de la Tierra aplaude la decisión por amplia mayoría de la cámara francesa, pero advierte sobre la insuficiencia de la ley, puesto que no se dispone de una ayuda para las víctimas con el fin de denunciar los atropellos en las negociaciones.
“Año a año las estadísticas de ecologistas y miembros de comunidades locales que son asesinados crece, cuando se oponen a proyectos que destruyen el medio ambiente, y que por regla son proyectados por multinacionales extranjeras”, ha valorado Alejandro González, nuestro coordinador. “Aunque reclamamos la adopción de un instrumento legal internacional para frenar esta masacre, las acciones que se hagan desde los países desde los que parte el daño humano y ambiental pueden limitar mucho lo que las empresas hacen o dejan de hacer”, ha concluido.
Instamos al resto de países europeos, en concreto a España, a desarrollar los planes de Derechos Humanos y Empresas, a los que ya se habían comprometido, pero que todavía tienen sobre la mesa en el seno de Naciones Unidas.
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