• El aumento de fondos destinados a la Transición ecológica en los PGE para 2021 y la necesidad de la transposición de las Directivas Europeas REDII/MED a la legislación española, son una oportunidad única para transición verde que España necesita.
• Amigos de la Tierra advertimos que esa transición debe realizarse también bajo criterios ambientales y sociales alineados con la defensa de la biodiversidad y los derechos de las comunidades de todo el Estado.
• Nos parece lamentable el retroceso de la transición energética justa del Estado español, pero queremos subrayar que aún estamos a tiempo de seguir algunos caminos de países vecinos como en Alemania donde ya en 2016 el 42% de la energía renovable provenía de proyectos con una alta participación social.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico cerró ayer su consulta pública previa para el impulso de las comunidades energéticas en el Estado español. Este proceso, que corresponde a uno de los pasos necesarios para la transposición de las directivas europeas REDII/MED a la legislación española, ha sido bienvenido por las organizaciones sociales y ecologistas. Desde Amigos de la Tierra hemos participado en el proceso de consulta señalando a las comunidades energéticas como elemento clave para la descarbonización, descentralización y democratización del sistema energético en España.

“Es impactante que a fecha de cierra del año 2019 el 61 % del consumo energético en el Estado español provenga aún de combustibles fósiles y energía nuclear. Estamos en total contradicción con el Acuerdo de París y la emergencia climática en la que nos encontramos” ha señalado Cristina Alonso, nuestra responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra y ha añadido “Necesitamos una transición ecológica justa y rápida, pero cuidado: No todo vale. El oligopolio energético en España ya está ofreciendo soluciones que les permiten mantener su control absoluto del sistema energético mediante el despliegue de megaproyectos energéticos, especialmente fotovoltaicos y eólicos. Si el Gobierno no pone límite, estaría potenciando una transición que ni es verde, ni es justa”.

Recientemente movimientos sociales como la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica o Aldeas libre de macroeólicos en Galicia se están oponiendo a un modelo energético no democrático basado en la explotación de zonas rurales como simples territorios generadores de recursos, sin tener en cuenta su biodiversidad ni la participación de las comunidades en su planificación energética.

La nueva legislación europea, a través de sus Directivas sobre el mercado eléctrico (MED); y la energía renovable (REDII), ha señalado a las comunidades energéticas como elemento clave para evitar estos procesos antidemocráticos y conseguir alcanzar el objetivo de reducir para 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% respecto a 1990.

“Las comunidades energéticas son una oportunidad clave para la democratización y descentralización del sistema y nos alegramos de que el Gobierno haya abierto esta necesaria consulta pública” ha dicho Cristina quien apunta “Sin embargo, nuestra máxima recomendación al gobierno es que realice una buena transposición de las directivas europeas poniendo a la ciudadanía en el centro de la transición impulsando también enfoques de género e interseccionalidad para que nadie se quede atrás en este proceso”.

La organización ha insistido en que el objetivo principal de las comunidades energéticas debe ser crear innovación social a través de una actividad económica con fines no comerciales, y cuyos beneficios sociales, ambientales y/o económicos recaigan en las comunidades o en los entornos donde viven las comunidades. Para ello, llamamos al gobierno a tomar las medidas correspondientes que faciliten un acceso adecuado a la red y a las necesarias fuentes de financiación, poniendo también límites a los costosos procesos burocráticos.

Para finalizar, creemos importante señalar la importancia de incluir objetivos vinculantes de potencia instalada o energía producida reservada para las comunidades energéticas tanto en la futura Ley de Cambio climático y transición energética como en los planes nacionales integrados de Energía y Clima, para evitar que transición energética mantenga el poder en manos de las grandes compañías.

“Si queremos construir una sociedad verdaderamente resiliente a largo plazo, es necesario democratizar la energía y la legislación europea nos ha abierto las puertas a ello. Es el turno del Gobierno de hacerlo realidad”. Ha concluido Cristina Alonso de Amigos de la Tierra.