La asociación exige a Hidralia que retire los cargos de los presos políticos de Santa Cruz de Barillas y que abandone el proyecto Canbalán ante la oposición popular. Amigos de la Tierra exige el fin de la persecución y represión en Guatemala de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.

Esta semana la organización ha enviado una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores de España y a la empresa española Hidralia Energía para exigirles la liberación de los presos políticos y el abandono del macro-proyecto hidroeléctrico.

El 27 de diciembre se celebraba la audiencia judicial de los 8 detenidos por el caso Barillas. Tras siete meses en prisión, los activistas continúan en la cárcel con acusaciones injustas e insuficientes. El propio juez del caso pidió al Ministerio Público que fundamentase las acusaciones para la siguiente vista. Ahora han vuelto a aplazarla hasta el 9 de enero.

Amigos de la Tierra exige a Hidralia la retirada de cargos antes del día 9, así como el abandono del macro-proyecto Canbalán, que amenaza las vidas de la población, y está siendo la causa de la ola de violencia y represión que engulle a Santa Cruz de Barillas.

Intolerable represión en Guatemala del activismo comunitario

A partir del 1 de mayo, 10 personas de las comunidades han sido acusadas y encarceladas de forma injusta, criminalizando a la resistencia de aquellos que protegen sus tierras y el medio ambiente. Amigos de la Tierra considera estas detenciones como políticas, ya que existen actores intelectuales que han provocado los altercados, y no están siendo perseguidos ni acusados, con la complicidad del Gobierno del exmilitar Otto Pérez Molina (Presidente de Guatemala) y del Gobierno Español.

Según un comunicado del Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO), el día 1 de mayo de 2012 «hombres armados emboscaron a tres personas, líderes comunitarios; que retornaban de la cabecera municipal hacia su comunidad cercana a Poza Verde, lugar donde la empresa Hidro Santa Cruz pretende construir una hidroeléctrica. Como resultado de ese atentado, el señor Andrés Francisco Miguel ha resultado fallecido y gravemente heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé». Subraya además que los atacados estaban sufriendo ya persecución legal por parte de la empresa, ante la negativa de vender sus tierras.

Amigos de la Tierra muestra su preocupación por la escalada de violencia que sufre la población de la región de Santa Cruz Barillas en el Departamento de Huehuetenango, Guatemala. Víctor Barro, Presidente de Amigos de la Tierra España, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la situación de injusticia que están viviendo. Durante su visita pudo hablar con los presos políticos, quienes le pidieron que transmitiese su mensaje, demostrando su fuerte compromiso con sus familias y su pueblo: “Queremos que nos dejen tranquilos, queremos que dejen tranquilas a nuestras mujeres y a nuestras familias, queremos que la empresa se vaya”.

En 2007 la población realizó una consulta popular, donde se puso de manifiesto el rechazo al macro-proyecto de la empresa Hidralia Energía, así como a otros proyectos que perjudican el sustento y la calidad de vida de los municipios de la zona. De las 46.490 personas que participaron en la consulta, solo 9 votaron a favor de los proyectos, más de un 90% se mostró en contra.

Sin embargo, desde hace tiempo viene implantándose una arquitectura de impunidad que permite la acción de las grandes corporaciones con complicidad de gobiernos. A través de la adaptación de sus legislaciones a favor del sector privado y a través de la firma de tratados de libre comercio (TLCs) y Acuerdos de Asociación (ADA), los intereses corporativos quedan por encima de los derechos de las comunidades.

“La naturaleza arbitraria de la detención de los presos políticos de Barillas es innegable e imposible de ocultar. Consta en los informes de varios grupos defensores de los derechos humanos, al igual que en el expediente del caso y en las demandas presentadas por los abogados de los detenidos”, señaló Víctor Barro.

Amigos de la Tierra ha enviado dos cartas en las que exige a Hidralia Energía que ponga fin a la construcción de la hidroeléctrica al conocer la oposición social y al Gobierno de España que retire su apoyo a la empresa española y tome medidas para evitar las actividades empresariales a costa de la gente y su forma de vida. La ética y el compromiso no pueden quedarse en buenas palabras, han de legitimarse con hechos.