La plataforma «Eivissa al limit» exige al Govern Balear y al Consell d’Eivissa el cambio de su política de carreteras en Ibiza. Después de dos años de lucha, los vecinos y simpatizantes han dicho basta y se han enfrentado con las excavadoras y la Guardia Civil en un último intento de parar las obras devastadoras para la construcción de una autovía en la isla.

Según la plataforma “Eivissa al límite” (formada de 2 asociaciones ecologistas: Amics de la Terra Eivissa y el GEN/GOB y la entidad cultural Institut d’Estudis Eivissencs), los proyectos de autovías son “brutales agresiones al medio” y denuncia que, en vez de representar el interés general, significan “un castigo, una hipoteca y unas cargas económicas para la sociedad en su conjunto”.

La plataforma alerta además sobre las graves consecuencias de la construcción de estas carreteras sobre el futuro de la isla como paraíso turístico por los “graves problemas paisajísticos, ambientales y ecológicos” que conllevan. En el aspecto económico, destaca que sus elevados gastos de ejecución “hipotecarán durante 25 años los presupuestos de la Comunidad Autónoma: es decir, todas las inversiones futuras aplicadas a bienestar social, enseñanza, cultura e infraestructuras”. El coste del proyecto es cinco veces más caro que cualquier carretera de España, con un presupuesto estimado de 130,8 millones de euros incrementando suspicazmente a 482 millones de euros con gran beneficio a ciertas personas.

La especulación urbanística y sus efectos sobre el medio ambiente

Amigos de la Tierra apoya la lucha de su grupo local en Ibiza y los demás grupos ecologistas y residentes en la isla para frenar la degradación del entorno natural que provocan estos proyectos desmesurados. Asimismo, critica la actitud del gobierno de las Islas Baleares frente al clamor popular de frenar estas obras, subrayado en la multitudinaria manifestación en la cual participó una cuarta parte de la población de la isla en contra de los proyectos el pasado fin de semana. Las autoridades han utilizado las fuerzas de seguridad para defender «el trabajo de las máquinas dentro de fincas no expropiadas legalmente», según la plataforma, vulnerando los derechos de sus propietarios.

Los costes medioambientales son enormes. Las áreas rurales podrán desaparecer a costa del avance del asfalto. Los humedales de Ses Salines también están siendo afectados por las obras. Asimismo, no hay ningún carril para bicicletas en toda la isla y el transporte público es totalmente inadecuado. Las nuevas carreteras sólo sirven para estimular el uso del automóvil privado, con su consecuente contribución a una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Es muy preocupante que las carreteras nuevas se haga simplemente para facilitar nuevas especulaciones urbanísticas, complejos turísticos, puertos deportivos y campos de golf en una isla que sufre del exceso incontrolado de construcción y degradación del medio ambiente.