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Alianza por el Clima advierte ante la COP 26 que desde el Acuerdo de Paris apenas se ha avanzado para frenar el cambio climático

Ir a Alianza por el Clima advierte ante la COP 26 que desde el Acuerdo de Paris apenas se ha avanzado para frenar el cambio climático 3 noviembre 2021

Ante la emergencia climática, demandamos junto a la Alianza por el Clima, una acción urgente y ambiciosa y exigimos a los países que alineen sus objetivos de reducción de emisiones a lo que marcan los científicos del IPCC e incrementen sus compromisos con los países más vulnerables.

Alianza por el Clima nació a principios de 2015, en el marco de los debates e iniciativas previos a la COP21 que dio lugar al Acuerdo de París del mismo año, ratificado por prácticamente todos los estados del mundo, incluida España. Su propósito fundacional fue la movilización de la sociedad española en la lucha contra el cambio climático y quedó configurada por un amplio abanico de organizaciones y colectivos ecologistas, sociales, sindicales, de cooperación al desarrollo, vecinales, agrarias, de desarrollo rural, de consumo o feministas.

En los siguientes seis años después de su creación, se han producido muchos cambios, pero la acción climática actual, internacional y nacional, sigue siendo insuficiente para afrontar la emergencia climática en que nos encontramos. El Acuerdo Climático de París contemplaba limitar el aumento de temperatura global por debajo de 2 ºC y proseguir esfuerzos para no superar 1,5 ºC y así evitar los peores impactos ecológicos, sociales y económicos del cambio climático. Sin embargo, con los compromisos presentados hasta ahora por algunos países superaríamos los 3 ºC.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos orientan sobre la magnitud de la reducción de emisiones globales que necesitamos para este reto, del orden del 7,6% anual durante esta década, muy alejado de las tendencias de emisiones actuales.

Un factor importante desde entonces que se debe subrayar es la cada vez mayor movilización de la juventud, de los pueblos indígenas y las personas defensoras del medio ambiente, de los representantes de comunidades locales y municipalidades, de la sociedad civil y la comunidad científica y académica, que presionan a gobiernos y a sectores económicos, para que se respete su derecho a un mundo más habitable donde el cambio climático no amenace al medio ambiente, a derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad física, y a las oportunidades de desarrollo.

Enfrentamos una extrema urgencia de actuar. Necesitamos cambios sistémicos profundos para descarbonizar la economía y alcanzar una neutralidad de emisiones globales a ser posible antes de 2040. Las soluciones tecnológicas existen, pero el cambio al que nos enfrentamos es más profundo que simplemente sustituir unas tecnologías por otras. Es necesario actuar sobre todos los sectores, y prioritariamente sobre la energía, la industria y el transporte. También son necesarias acciones en agricultura, alimentación, edificación, ciudades, usos del suelo, así como en bosques, humedales, mares y otros sumideros naturales.

La magnitud de la inversión necesaria es tremenda. Simultáneamente, los costes económicos, ecológicos y sociales de no actuar con la intensidad necesaria son mayores que los de adoptar las medidas necesarias para frenar y revertir el proceso del cambio climático. Existen puntos de no retorno, de los que no estamos muy alejados.

Por otra parte, el cambio climático exacerba las desigualdades y la injusticia, al impactar en mayor medida en las personas más desfavorecidas, especialmente del Sur Global, que además son las menos causantes del problema. No basta solo con invertir en reducción de emisiones. Incluso en escenarios optimistas de mitigación, el cambio climático producirá daños ingentes, mayores cuanto más elevado sea el incremento de la temperatura global, por lo que se necesita una gran inversión en adaptación y en la compensación de daños, muy superior a lo que se está manejando actualmente.

En este contexto, Alianza por el Clima llama a la acción urgente para reducir la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera para evitar un calentamiento global superior a 1,5⁰C, al tiempo que se protege la biodiversidad y el medio ambiente y se avanza en la transición a sistemas alimentarios sostenibles y agroecológicos. Es necesario vincular la lucha climática a la agenda 2030 avanzando en el cumplimiento pleno de los derechos humanos, mejorando la salud humana y protegiendo a la infancia, así como a otros colectivos vulnerables.

En el plano internacional, se necesita una financiación climática suficiente para poner en marcha medidas de mitigación, adaptación y pérdidas y daños, y garantizar su acceso a los colectivos y comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático en los países más vulnerables. Las políticas climáticas deben basarse en la justicia climática global y en el reconocimiento de la deuda climática histórica entre países y de que en ella España se encuentra en posición deudora, así como en el sometimiento a los principios de sostenibilidad, transparencia e igualdad de género y en el derecho a la plena participación e información pública.

En el ámbito laboral, las transformaciones que se van a producir en muchos sectores también tienen que ser justas. Esta justicia implica que es necesario asegurar empleos dignos para todos, incluyendo la perspectiva de género. Sabemos que la transición energética y ecológica puede generar un volumen muy importante de empleos, pero es necesaria una planificación adecuada que se anticipe a los cambios, garantizando que nadie, ni en las zonas y sectores en transformación ni fuera de ellas, quede atrás.
Dar una orientación justa a la transición ecológica implica abordar en ella muchos otros aspectos sociales como la reducción de las desigualdades, la disminución de la jornada laboral y un mejor reparto del empleo y de los cuidados.

Alianza por el Clima constituye un espacio de encuentro y movilización, ampliamente representativo de la sociedad civil del Estado español, que aborda el seguimiento legislativo en materia de clima y energía, y realiza peticiones conjuntas a las administraciones públicas, así como acciones de comunicación, sensibilización y movilización ante la emergencia climática.

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