Activistas a favor de los derechos humanos y ambientales participan esta semana en una reunión de la ONU, que tiene como cometido redactar un tratado vinculante para regular las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por empresas. Desde la campaña se insta a todos los países a trabajar para lograr una protección efectiva de las personas y su entorno.

La primera sesión del ‘Grupo de Trabajo Intergubernamental’ sobre empresas transnacionales se celebra en Ginebra del 6 al 10 de julio. Amigos de la Tierra y otros grupos de activistas que conforman la Campaña para Desmantelar el Poder de las Empresas y la Alianza del Tratado (una creciente alianza mundial de grupos de la sociedad civil) están reclamando un tratado internacional legalmente vinculante que consiga prevenir e indemnizar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas.

Hace diecinueve años Ken Saro-Wiwa y otros líderes del pueblo Ogoni fueron ejecutados en Nigeria por movilizarse y oponerse al impacto de las empresas petroleras que operan en Ogonilandia, entre ellas Shell. Hasta ahora no se ha hecho justicia. Un nuevo tratado vinculante de derechos humanos sería un paso crucial para prevenir una injusticia como similar en el futuro.

Las directrices voluntarias existentes sobre las empresas y los derechos humanos no brindan acceso a la justicia, ni indemnización a las víctimas. Por este motivo, Amigos de la Tierra defiende un sistema jurídicamente vinculante que sitúe los derechos humanos por encima de los privilegios de las empresas y de la impunidad que otorgan las normas del ‘libre comercio’ y los derechos de los inversores.

Esta reunión podría ser clave para lograr normas obligatorias para las empresas trasnacionales y poner fin a la actual impunidad. Pero solo será posible si los Estados miembros de la ONU demuestran una clara voluntad política. Los delitos de las empresas no pueden quedar impunes. Es de máxima urgencia establecer un tratado vinculante que indemnice a las personas afectadas y restablezca los ecosistemas dañados, así como el sustento de las comunidades locales. A su vez ha de responsabilizarse jurídica y penalmente a las empresas y directivos que han atentado contra los derechos humanos.

Miles de personas se están movilizando en todo el mundo a favor de este tratado. Del 6 al 9 de julio representantes de movimientos sociales y poblaciones afectadas ocuparán la Plaza de las Naciones en Ginebra para reclamar que todos los países defiendan a sus comunidades y no a las grandes empresas transnacionales.

La Unión Europea (UE) se ha opuesto a elaborar un tratado vinculante desde que se presentó una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además ha anunciado públicamente que no participará en el debate. A pesar de que el Parlamento Europeo emitió una declaración de apoyo al proceso del grupo de trabajo intergubernamental para establecer normas vinculantes para las empresas, la UE ha impuesto una serie de condiciones antes de participar. Esto contrasta con la agresividad de la UE a la hora de defender los derechos de las empresas a través de tratados de libre comercio, por ejemplo en las negociaciones del Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la UE. A pesar de este contexto, muchos países participarán en la reunión histórica que se celebra del 6 al 10 de julio, entre ellos Suiza y la mayoría de los países de América Latina.

Activistas de Amigos de la Tierra están como observadores de la reunión en Ginebra. Una delegación de representantes de Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Francia, Holanda, Indonesia, Nigeria, Suiza y Uruguay participarán en la semana de movilizaciones en Ginebra, organizada por la Campaña Mundial para Desmantelar el Poder de las Empresas.