Solicitamos en una carta conjunta que se cuente con nosotras a la hora de desarrollar políticas sobre alimentación, condiciones de las trabajadoras agrarias y la lucha contra la despoblación del medio rural. 

Ante la actual crisis de los precios de los alimentos es importante que se aprueben medidas políticas que garanticen a medio y largo el acceso a una alimentación sana y una sostenibilidad de todo el modelo agroalimentario. Con este objetivo, 20 organizaciones acabamos de presentar al Gobierno un decálogo de demandas que promuevan un sistema agroalimentario más justo y piden que se tenga más en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil frente a la industria a la hora de desarrollar las políticas.  

La situación actual afecta a la economía de las personas e incluso al propio acceso a los alimentos de aquellas más vulnerables. Las medidas a corto plazo como la bajada del IVA no son suficientes y no resuelven el problema: mientras que el precio de la cesta de la compra sigue aumentando, los costes de producción también ahogan cada vez más a la producción agroecológica familiar. Podemos afirmar que existe un frágil equilibrio entre la provisión de recursos y alimentos para nuestro consumo, la defensa del territorio y que las personas que lo habitan y trabajan dispongan de unas condiciones dignas de vida. 

Valoramos las acciones de carácter más urgentes, pero a medio plazo consideramos que sigue siendo necesario implementar medidas que garanticen al mismo tiempo el acceso a todas las personas consumidoras a una alimentación saludable y sostenible.

El decálogo de medidas que las organizaciones hemos presentado al gobierno es fruto del trabajo conjunto de cerca de 100 personas vinculadas al mundo rural, la producción y el consumo de alimentos, la soberanía alimentaria y la salud que nos reunimos a finales de año en Jaca (Huesca) para debatir sobre iniciativas en común. Fue un espacio para hablar del futuro, la agricultura, la ganadería, del medio rural, también desde el territorio y desde el derecho a una alimentación sana para toda la población. A esta demanda conjunta se incorporaron también organizaciones vinculadas a la salud pública, como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Al hablar de la producción y consumo de alimentos es necesario poner de manifiesto cómo convergen ejes de desigualdad entre el ámbito rural, la salud de las mujeres, la inmigración y cobra todo el sentido trabajar desde la salud pública con estas relaciones.

Las 10 medidas que se piden al gobierno para garantizar un modelo agroalimentario justo y sostenible y un mundo rural vivo, tienen como puntos principales: 

1. 1. Garantizar el derecho a la alimentación de toda la población, especialmente de los colectivos vulnerabilizados.
2. 2. Un sistema alimentario que garantice precios justos para las personas productoras, consumidoras y trabajadoras.
3. 3. Un modelo de producción de alimentos que respete los derechos laborales y sociales.
4. 4. Un modelo de producción de alimentos basado en la agroecología.
5. 5. Apostar por modelos ganaderos familiares y sostenibles y rechazo de la ganadería industrial.
6. 6. Fomento desde las instituciones de alimentación agroecológica a través de la compra pública.
7. 7. Defensa del territorio rural frente a la expansión de las macrogranjas, minería o macroproyectos de energía solar y eólica.
8. 8. Entornos sociales, de producción y consumo inclusivos con perspectiva feminista.
9. 9. Defensa de servicios públicos y de calidad en el medio rural.
10. 10. Fomento de los entornos alimentarios sostenibles. 

Las organizaciones firmantes esperamos que estas demandas sean tenidas en cuenta por parte de las administraciones públicas y reclamamos ser tenidas en cuenta en la planificación y desarrollo de estrategias vinculadas a la alimentación y protección del mundo rural. Por este motivo, hemos solicitado reuniones al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación y al Ministerio de Consumo.