España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. Y en los últimos meses se ha convertido además en un férreo defensor de su introducción en el resto de la UE, llegando incluso a posicionarse en contra de países que, como Francia, han optado por prohibir su cultivo

RESUMEN

El Gobierno hace recaer la responsabilidad de sus decisiones en esta materia en la Comisión Nacional de Bioseguridad, un cuerpo supuestamente científico. Cuando se analiza su composición, se ve que hay solo 7 representantes científicos (de un total de 46 miembros), muchos de ellos públicamente defensores de los transgénicos y con relaciones demasiado cercanas con la industria de los transgénicos, sus fundaciones y lobbies como para que los consumidores podamos estar tranquilos. Entre los representantes de la Administración en esta Comisión, algunos también mantienen una relación demasiado estrecha con la industria.

Se nos intenta convencer que los transgénicos ya presentes en nuestra alimentación y agricultura son seguros y son los productos más evaluados de la historia. Sin embargo, si consideramos que los estudios sobre su seguridad son realizados por las multinacionales que quieren introducirlos, y que el Gobierno les da el visto bueno a través de una Comisión formada por biotecnólogos con “malas compañías”, muy metidos en el entorno de la industria, la credibilidad de esta afirmación está más que en entredicho. Tenemos demasiadas evidencias ya de problemas producidos por transgénicos y que, evidentemente, no han sido detectados durante su aprobación.

Necesitamos un debate en profundidad, con científicos de todas las disciplinas, y representantes del conjunto de la sociedad civil, sobre el modelo de agricultura que queremos en el futuro. Un modelo de agricultura industrial, que abusa de pesticidas y fertilizantes, ligado a los transgénicos; o un modelo de agricultura sostenible y social, que minimice sus impactos ambientales y produzca alimentos sanos y de calidad.

El Gobierno no puede seguir eludiendo su responsabilidad para liderar este debate. Y debe comenzar por aplicar el principio de precaución y prohibir el cultivo de transgénicos en nuestro país.

LAS MALAS COMPAÑÍAS: ¿QUIÉN DECIDE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO SOBRE TRANSGÉNICOS?

España es el único país de la UE que cultiva maíz transgénico (único cultivo modificado genéticamente permitido en Europa) a gran escala. Mientras, otros países como Francia, Hungría, Grecia, Polonia o Austria han optado por prohibir su cultivo en base a evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus incertidumbres sobre la salud.

Además, desde la fusión de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente bajo la responsabilidad de Elena Espinosa, España ha pasado a tener un papel determinante en la UE como apoyo de la política de las multinacionales, junto a la Comisión Europea, para introducir más transgénicos en la UE, tanto para importación como nuevos cultivos.

Desde el Gobierno se escudan que estas decisiones se basan en criterios exclusivamente científicos, y un análisis caso por caso de cada expediente dentro de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB). Esta Comisión, que da por lo general el visto bueno a cada ensayo o expediente sobre transgénicos por unanimidad, y sin ningún tipo de debate, es el órgano científico sobre el que el Gobierno deja toda la responsabilidad sobre los transgénicos.

Pero, ¿cómo se toman realmente las decisiones dentro de esta Comisión? ¿Quién la forma? ¿Incluye científicos de disciplinas diversas, que abarquen todas las posibles implicaciones e impactos de los transgénicos? ¿Los miembros tienen algún tipo de vínculo con la industria de los transgénicos? ¿Tiene voz la sociedad civil en este proceso? ¿Cómo es posible que si no hay consenso social, científico ni político sobre los transgénicos, la Comisión que decide en España lo haga sin apenas debate?

Proceso de decisión sobre transgénicos en España.

Cada vez que hay una solicitud para liberación de un nuevo organismo modificado genéticamente (plantas, virus…) o que el Gobierno Español tiene que posicionarse sobre transgénicos en Europa, estas decisiones pasan en primera instancia por el órgano científico creado para este fin, la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), cuya composición está disponible en la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino [1] (MARM). El expediente pasa al Consejo Interministerial sobre Organismos Genéticamente Modificados (CIOGM), cuya composición se puede consultar también en la web del MARM [2] e incluye representantes de varios ministerios.

Si un expediente tiene el visto bueno de la parte científica, que sería la CNB, pasa sin ningún problema por la parte técnica, la CIOGM.

¿Es la Comisión Nacional de Bioseguridad un organismo científico?

En un primer análisis, se puede comprobar que esta Comisión, más que ser un órgano científico, está formada básicamente por miembros del Gobierno: 12 miembros del MARM, 5 del Ministerio de Sanidad y Consumo, 5 del Ministerio de Ciencia e Innovación, 1 del Ministerio de Industria, 2 del Ministerio de Exteriores, y 14 representantes de Comunidades Autónomas. En total, 25 miembros de la Administración del Estado, más 14 de las Administraciones Autonómicas. Un total de 39 representantes.

En la parte estrictamente científica, encontramos tres “Expertos propuestos por el órgano colegiado” y 4 “Expertos especializados”, un total de 7 representantes.

7 representantes científicos frete a 39 de distintas administraciones. No es precisamente lo que podríamos considerar un organismo científico. Y además, no hay ningún representante de la sociedad civil.

¿Sólo biotecnólogos para decidir sobre el conjunto de las implicaciones de los transgénicos?

Si analizamos quiénes son los científicos presentes en la CNB, podemos empezar a entender por qué los expedientes y la postura final del Gobierno en materia de transgénicos es siempre tan favorable para los intereses de la industria.

Los siete científicos presentes vienen del ámbito de la biotecnología. Según la descripción que hace uno de los miembros en una presentación para la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria [3], los miembros de la CNB cubren expertos en: Genética de poblaciones, biotecnología y microbiología molecular, microbiología clínica y molecular, biología de poblaciones planta-insecto, biología molecular vegetal, citogenética y biotecnología alimentaria.

Teniendo en cuenta las múltiples implicaciones de liberar estos nuevos organismos transgénicos al medio ambiente e introducirlos en nuestra agricultura y alimentación, parece que se echa de menos ecólogos, toxicólogos, expertos en resistencias a plagas, en salud pública, edafólogos, entomólogos, limnólogos…

Las malas compañías en la ciencia

Siendo prácticamente todos los científicos presentes en la Comisión del ámbito profesional de la biotecnología, ampliamente dominado y financiado por las multinacionales, no sorprende que muchos de ellos tengan relaciones bastante estrechas con la industria de los transgénicos y sus múltiples fundaciones y lobbies.

¿quién es quién en los lobbies protransgénicos en España?

Fundación Antama

La Fundación Antama ejerce de relaciones públicas y organizador de eventos para la industria de los transgénicos. Cuenta entre sus miembros con el muy protransgénico sindicato agrario ASAJA, el lobby de la industria biotecnológica ASEBIO, la Sociedad Española de Genética o el ICAM, un instituto de cuestiones agrarias que se dedica también a promover los transgénicos. No sorprende pues que el Presidente de la Fundación Antama sea Delfí Biosca, que fue director general de Syngenta Seeds (antes Novartis) y el Vicepresidente sea Carlos Vicente, Director de Biotecnología de Monsanto.

Syngenta y Monsanto

Syngenta y Monsanto son dos de las principales empresas que comercializan transgénicos, y de forma continua presentan nuevas solicitudes de ensayos experimentales, y la CNB decide en cada reunión sobre sus productos. Estas empresas presionan de forma permanente para la aprobación de sus productos en España y la UE.

ASEBIO

ASEBIO es la Asociación Española de Bioempresas. Agrupa entre sus componentes empresas de todo tipo de biotecnología (sanitaria, industrial), pero también las principales multinacionales de venta de semillas transgénicas como Monsanto, Bayer o Pioneer. Ejerce de duro lobby para la introducción de transgénicos en la agricultura y alimentación, a través de su grupo de trabajo de Agricultura y Medio Ambiente, coordinado por Jaime Costa, director de asuntos regulatorios y científicos de Monsanto. Como miembro de la CEOE, representan a la industria de los transgénicos en los grupos de trabajo de transgénicos en órganos como el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

De los miembros de la CNB, quizás sea Pere Puigdomenech, profesor de investigación del CSIC, el mayor defensor de la introducción de transgénicos en agricultura y alimentación. Y con este fin se prodiga por todo tipo de actos de la industria, ya sea por actos de entidades integrantes de la Fundación Antama, como la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados o directamente en actos a favor de los transgénicos de la propia Antama. Y con tan agitada actividad pública a favor de los transgénicos, es normal que coincida frecuentemente con representantes de la industria, como Monsanto. Es además un habitual de las notas de prensa de propaganda que emite la Fundación Antama y de los cursos que este lobby organiza, participando además en libros sobre transgénicos que Monsanto y su Fundación se encargan de publicitar.

Pere Puigdomenech aparece en las Memorias de ASEBIO con sus actividades y es autor de un libro a favor de los transgénicos publicado por la Fundación Alternativas, que en los últimos tiempos está empeñada en promocionar los transgénicos a toda costa. Otro de los libros de Pere Puigdomenech, “¿Qué comemos?”, está a la venta en la web de Monsanto.

Otro de los miembros del cupo científico de la CNB que destaca por su defensa a ultranza de los transgénicos es Pedro Castañera, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actual presidente del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria). Como parte de su actividad pública protransgénica, participa en jornadas con representantes de Monsanto o en publicaciones patrocinadas por la Fundación Antama que con el título de “Plantas transgénicas, preguntas y respuestas” suponen entusiastas alegados a favor de los cultivos transgénicos y las empresas que los comercializan. En esta publicación participa también Pere Puigdomenech y otro de los miembros de la CNB, Rafael Pérez Mellado, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.

Pero no son los únicos miembros de la CNB que participan en publicaciones patrocinadas por la Fundación Antama, Fernando González Candelas, catedrático y profesor titular de Genética de la Universidad de Valencia participa en otra de las publicaciones patrocinadas por esta Fundación: “Biotecnología y Alimentos”.

Cuando un científico se mueve en los ámbitos de la biotecnología, donde las multinacionales están tan presentes, es normal que en su centro de investigación haya proyectos financiados por la industria. Es el caso de otro de los miembros de la CNB, Florentino Juste, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Este instituto ha tenido varios proyectos financiados por multinacionales de la agrobiotecnología como Syngenta, Dow Agrosciences, BASF o Novartis. También proyectos financiados por la AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas), formada, entre otros, por Monsanto, Bayer o Syngenta.

Estas “malas compañías” no llamarían la atención si no fuese porque son las personas que tienen que decidir y regular sobre transgénicos (y por tanto sobre los intereses económicos de las multinacionales) y resulta inquietante que estén tan cercanas a la industria que los promueve y sus lobbies. Y más teniendo en cuenta que no hay científicos de otras disciplinas, ni representantes de la sociedad civil en la CNB para garantizar un mínimo de debate.

Las Malas Compañías, también en la Administración

De los representantes de los diversos Ministerios presentes en la CNB, también hay algunos que se han destacado por su dura defensa de los cultivos transgénicos y, en consecuencia, por una inquietante cercanía con la industria que los promueve.

Es el caso de Lucía Roda, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Un ejemplo es su participación en mesas redondas patrocinadas por la Fundación Antama, o en Jornadas de Biotecnología organizadas por ASAJA y AGPME, otro destacado lobby protransgénico, con discursos claramente a favor de los transgénicos. Además de su colaboración en el libro “Organismos Modificados Genéticamente”, en el que participa Monsanto, y que como ya hemos visto, tanto la multinacional como su Fundación Antama se encargan convenientemente de divulgar, destaca especialmente que la lectura de su tesis doctoral fuese noticia destacada para la Fundación Antama.

No sorprende tener una actitud favorable a los transgénicos cuando uno se mueve en el entorno de los lobbies y fundaciones de la industria. Y no sorprende pues la presencia en jornadas para diseñar estrategias que pretenden convencer a la opinión pública de las “bondades” de los transgénicos y vencer la consistente oposición social, como el programa CO-EXTRA, en las que además de Lucía Roda, asisten el Secretario General de ASEBIO, el presidente de la AGPME Agustín Mariné, o la Directora de Comunicación de la Fundación Antama, Elena Fernández Giral.

Otro de los miembros por parte de la Administración en la CNB, Armando Albert, que representa al Centro de Información y Documentación (CINDOC) del CSIC, es socio fundador y expresidente de SEBIOT (la Sociedad Española de Biotecnología), entidad fundadora y miembro de la Fundación Antama. Participa en otra publicación divulgativa a favor de los transgénicos de la serie patrocinada por la Fundación Antama. Y firmó en su momento un Manifiesto a favor de los transgénicos, promovido por ASEBIO.

¿Hay debate es esta comisión?

Según afirma un representante de una comunidad autónoma en la CNB a Amigos de la Tierra:

“En la CNB no hay debate. Simplemente se comprueba que están todos los papeles en regla, y ya está. Aunque estés contra la liberación de cultivos transgénicos, no hay momento para el debate, además de que domina el buen ambiente entre todos sus miembros, que nadie quiere romper. Si los representantes científicos dan el visto bueno, no hay nadie que discrepe”.

¿Existe consenso científico y social sobre los transgénicos en agricultura y alimentación?

Según se desprendería de la forma de actuar del Gobierno en materia de transgénicos y de la CNB, parece que hay un claro consenso sobre las aplicaciones de la biotecnología en la agricultura y alimentación. Sin embargo, recientemente se presentó una Declaración de la Sociedad Civil con el apoyo de más de 450 firmas. Unas 150 eran científicos, investigadores y docentes universitarios. El resto, representantes de dos de las tres organizaciones agrarias estatales, de la mayoría de las organizaciones de consumidores, de los dos sindicatos mayoritarios, de las organizaciones ecologistas estatales y decenas de grupos ecologistas, de decenas de ONG de cooperación, del sector ecológico, de empresas, periodistas, abogados… En esta declaración, se advierte de la preocupación social por los impactos sociales, ambientales y sanitarios de los transgénicos, y la necesidad de apostar por soluciones sostenibles en agricultura y alimentación.

No parece que haya consenso en este tema, más bien una inmensa mayoría de la sociedad civil está preocupada por la introducción de los transgénicos. Y sin embargo el Gobierno actúa como si lo hubiera. La justificación del consenso en la Comisión Nacional de Bioseguridad, cuando esta está formada solo por unos pocos científicos, todos del ámbito de la biotecnología, muchos con vínculos y relación directa con la industria de los transgénicos, no parece razonable.

El fraude de la evaluación “caso por caso”

La evaluación de los transgénicos “caso por caso”, solución promovida por la industria, evita un debate en profundidad sobre las implicaciones ambientales, sociales, económicas o sanitarias de los transgénicos. Y deja en manos de una Comisión formada básicamente por biotecnólogos decidir el modelo de agricultura que queremos para el futuro.

No debemos olvidar que en la evaluación caso por caso, como en la UE, las administraciones deciden en base a estudios presentados por las multinacionales que pretenden aprobar sus productos, sin que se realice ningún estudio independiente, ni por parte de Gobiernos ni por órganos científicos europeos.

Tenemos pues unos estudios insuficientes, realizados por la misma multinacional que quiere aprobar el producto, y que tiene que ser aprobado por Comisiones donde los científicos son todos del ámbito de la biotecnología, y muchos de ellos mantienen relaciones demasiado cercanas con la industria y sus distintas formas de lobby.

La CNB acepta por ejemplo la aprobación de ensayos experimentales al aire libre con argumentos tan preocupantes como: “Se considera que en el estado actual de conocimientos y con las medidas de uso propuestas, los ensayos no suponen un riesgo significativo para la salud humana y/o el medio ambiente.” Pero cuando se demuestra que algunos de los ensayos autorizados, o productos que están incluso autorizados para alimentación humana presentan evidencias científicas de riesgos para la salud, no se da marcha atrás.

¿Qué tipo de debate necesitamos sobre los cultivos y alimentos transgénicos?

Desde Amigos de la Tierra consideramos urgente realizar un debate a fondo sobre la introducción de organismos modificados genéticamente en agricultura y alimentación, dentro de un debate profundo sobre el modelo de agricultura.

Un debate en el que participen científicos de todas las disciplinas que se puedan ver afectadas por la liberación de transgénicos al medio ambiente, y su introducción en la agricultura y alimentación: biólogos moleculares y expertos en biotecnología, ambientólogos, ecólogos, microbiólogos, expertos en generación de resistencias en plantas y en insectos, entomólogos, economistas, juristas, toxicólogos, sociólogos…

Pero que incluya también a todos los sectores sociales implicados por la introducción de la biotecnología: agricultores, consumidores, ecologistas, ONGD, industria alimentaria, sector de agricultura ecológica y la Administración.

Llevamos más de una década de cultivos transgénicos, tanto a escala mundial como en España, y hay pruebas sobradas de sus impactos ambientales, sociales, económicos, sobre la soberanía alimentaria o sobre los modelos sostenibles de agricultura. Y la gran pregunta que debemos plantearnos es qué modelo de agricultura queremos tener en el futuro.

¿Un modelo de agricultura industrial, del que los transgénicos son el máximo exponente, que abusa de pesticidas y abonos químicos y prioriza una producción a corto plazo frente a los impactos ambientales, sociales o sobre el medio rural, y que hace a los agricultores totalmente dependientes de las multinacionales?

¿O un modelo de agricultura sostenible, que reduzca de forma progresiva su dependencia de productos tóxicos, que priorice la producción a pequeña escala y apueste por la producción de alimentos sanos, nutritivos y de calidad, que genera empleo y riqueza en el medio rural, y responde a las demandas de los consumidores?

Ese es el auténtico debate que necesitamos en materia de transgénicos. El Gobierno no puede seguir eludiendo su responsabilidad política para orientar el modelo agrario hacia soluciones más sostenibles para todos y todas, y no seguir favoreciendo el interés de unas pocas multinacionales frente al interés común. Y el primer paso hacia este modelo sería aplicar el principio de precaución, siguiendo los pasos de otros países europeos, y prohibir el cultivo de transgénicos en España.